El Gobierno nacional concluyó la elaboración del proyecto de ley enfocado en la cuestión Malvinas, denominado Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, con la intención de ingresarlo formalmente a la Cámara de Diputados. La propuesta legislativa, estructurada en seis capítulos, busca reforzar el control económico, diplomático y de seguridad sobre las actividades no autorizadas en el Atlántico Sur.

A fin de moderar las repercusiones internacionales, el ministro de Defensa, Carlos Presti, aclaró el objetivo de la iniciativa: “El reclamo por Malvinas es por vía diplomática y pacífica”.

Ejes principales del proyecto de ley:

Penalizaciones económicas: Endurece los castigos a firmas privadas que exploten recursos pesqueros, mineros u petroleros en el área en litigio sin permiso oficial. La medida complementa lo dispuesto en el Decreto 868/2026 sobre la actividad de hidrocarburos.

Resguardo de infraestructura sensible: Dispone la conformación de un Consejo de Seguridad Nacional y fija protocolos de protección para instalaciones de telecomunicaciones, centros de datos y redes.

Monitoreo marítimo y aéreo: Actualiza los mecanismos de respuesta frente a aeronaves consideradas hostiles y habilita el uso de la fuerza en última instancia sin implicar un derribo directo. El monitoreo se coordinará mediante la Base Naval Integrada de Ushuaia a través de inteligencia satelital y radares.

Para conseguir su aprobación, la administración central iniciará conversaciones con las bancadas del PRO, la UCR y sectores federales en búsqueda de consensuar el texto definitivo.