La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) confirmó que el Poder Judicial desestimó el recurso de apelación que pretendía llevar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación la cautelar que frenaba el desmantelamiento del programa social "Volver al Trabajo". De este modo, quedó firme el fallo dictado por la Cámara Federal de San Martín, el cual revocó la medida de amparo dispuesta inicialmente por el Juzgado Federal de Campana a cargo del juez Adrián González Charvay.
La resolución habilita de manera inmediata la interrupción del pago del salario social complementario, una transferencia que oscilaba entre los 78.000 y 80.000 pesos mensuales y alcanzaba a más de 900.000 trabajadores informales y de la economía popular. Desde la conducción de la UTEP, encabezada por Alejandro Gramajo, criticaron el posicionamiento de la Cámara al considerar que la decisión judicial desoye la emergencia alimentaria en los barrios vulnerables. Ante este escenario, la organización sindical se declaró en estado de alerta y ratificó que mantendrá las movilizaciones en las calles.
A partir de la ratificación de la medida, el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, recuperó la discrecionalidad para reestructurar la asignación de recursos. El nuevo esquema gubernamental contempla los siguientes ejes de ejecución:
Acompañamiento Social: Se mantiene como el único subsidio directo de $78.000. Quedará restringido exclusivamente a mayores de 50 años y madres de cuatro o más hijos. La asignación se extenderá hasta abril de 2028 conforme a la Resolución 90/2026, mediante depósito directo de la ANSES y con padrones cerrados a nuevas incorporaciones.
Programa "Formando Capital Humano": Reemplazará las transferencias directas por un sistema de vouchers destinados a financiar cursos en empresas, centros provinciales e instituciones privadas de capacitación laboral.
Reorientación presupuestaria: Las partidas económicas liberadas del ex Potenciar Trabajo se destinarán al financiamiento de la doble jornada escolar en escuelas primarias de sectores de vulnerabilidad social.
La suspensión del beneficio se hará efectiva con las acreditaciones correspondientes al mes de agosto, interrumpiendo de forma definitiva los cobros para los beneficiarios del programa desafectado.
