El diputado nacional Esteban Paulón presentó una denuncia penal contra el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, acusándolo de los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La presentación judicial responde a la falta de transferencia de los fondos correspondientes a la Ley de Financiamiento Universitario, norma que fue ratificada por el Congreso de la Nación y avalada por la Justicia.

Según expuso Paulón en su denuncia, el Poder Ejecutivo había promulgado y reglamentado la norma mediante el Decreto 759/2025, pero suspendió su aplicación argumentando la falta de especificación de las fuentes de financiamiento por parte del Poder Legislativo. No obstante, el legislador remarcó que la propia ley faculta expresamente al jefe de Gabinete a reasignar las partidas presupuestarias necesarias para su cumplimiento.

Los puntos centrales del conflicto judicial y presupuestario:

Fallo desfavorable para el Gobierno: Tras un amparo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Justicia dictó una medida cautelar a favor de las universidades para la aplicación de los artículos 5 y 6 de la ley.

Agotamiento de instancias judiciales: La medida cautelar fue confirmada en segunda instancia y posteriormente apelada por el Ejecutivo ante la Corte Suprema de Justicia, tribunal que rechazó el planteo oficial, dejando firme la obligación de aplicar la ley.

Responsabilidad del cargo: Paulón sostuvo que, al ser el jefe de Gabinete el responsable constitucional de la ejecución del presupuesto nacional, incurre en un delito al omitir las transferencias de partidas tras haberse agotado todas las vías recursivas para frenar la normativa.