La consejera Jimena de la Torre solicitó aplicar una penalidad económica del 35% de los haberes mensuales al juez civil Carlos Hugo Goggi, acusándolo de dictaminar sistemáticamente la inconstitucionalidad de la normativa arancelaria de los abogados. El funcionario judicial rechazó los cargos y argumentó que sus decisiones buscan amparar a ciudadanos vulnerables.

El Consejo de la Magistratura analiza la posibilidad de multar al titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 91 por su rechazo constante y de oficio a la Ley 27.423. El dictamen acusatorio plantea que el magistrado eludió la aplicación de una norma vigente sin cumplimentar los presupuestos constitucionales requeridos para tal apartamiento.

Origen del expediente y patrón de conducta La investigación administrativa tuvo su punto de partida en una presentación realizada por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), entidad que impugnó diversos fallos donde Goggi omitió la utilización de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA). Tras la auditoría de cinco causas judiciales, se constató que el magistrado recurrió a argumentaciones idénticas para declarar la inconstitucionalidad de la ley. Cabe destacar que estas resoluciones fueron posteriormente revocadas por las salas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y recibieron cuestionamientos del Ministerio Público Fiscal.

La consejera informante precisó que la presentación no avanza sobre el contenido de las sentencias ni afecta la autonomía de los magistrados, sino que reprueba una modalidad de desempeño funcional. Según la acusación, el juez impuso los planteos constitucionales de oficio sin demostrar un agravio concreto, sin asegurar el debido proceso contradictorio y persistiendo en su tesitura a pesar de los reveses en el tribunal de alzada. Adicionalmente, De la Torre advirtió que al tener los honorarios carácter alimentario, obligar a los letrados a apelar de forma recurrente lesiona la seguridad jurídica y la prestación del servicio de justicia.

Descargo del magistrado y encuadre legal Durante su comparecencia ante la Comisión de Disciplina, Carlos Hugo Goggi ratificó su postura, negó haber desatendido sus obligaciones y afirmó que no retrocederá en su criterio. El juez argumentó que el procedimiento en su contra se debe a su decisión de “estar del lado de los necesitados y desprotegidos”, sosteniendo que sus fallos intentaban evitar que los mecanismos de actualización arancelaria afectaran económicamente a personas en condiciones de vulnerabilidad.

No obstante, las conclusiones del dictamen determinaron que los argumentos de la defensa no logran subsanar las anomalías de procedimiento detectadas, debido a que el juez no respondió a los lineamientos de la Cámara Civil ni fundamentó el daño constitucional específico en cada expediente. Por este motivo, se encuadró el comportamiento en las faltas disciplinarias contempladas por la Ley 24.937 por desobediencia reiterada de reglas procesales y de deberes del cargo.

El proyecto de sanción económica deberá recibir el aval de la Comisión de Disciplina antes de ser remitido al Plenario del Consejo para su resolución definitiva.