Un proyecto de ordenanza presentado por el concejal Omar Pérez busca garantizar una instancia local de orientación y recepción de reclamos sin generar nuevas estructuras burocráticas gravosas para el municipio.
Este jueves ingresará para su tratamiento en el Concejo Deliberante de Cutral Co un proyecto de ordenanza que propone la creación de la figura del Defensor Municipal de los Derechos de las Personas Mayores. La iniciativa, impulsada por el edil Omar Pérez (LLA), tiene como objetivo central promover, proteger y canalizar los reclamos de los residentes del ejido municipal que tengan 60 años o más.
Según la propuesta, este nuevo rol funcionará bajo la órbita del cuerpo legislativo local y contará con autonomía funcional para emitir recomendaciones, requerir información a las áreas del Ejecutivo y elevar informes. No obstante, sus atribuciones tendrán límites claros: no podrá aplicar sanciones, dictar medidas obligatorias a terceros fuera de la competencia municipal ni intervenir en causas judiciales en curso.
Requisitos, funciones y mecanismos de designación
Para ocupar el cargo, se establecen requisitos estrictos de idoneidad y arraigo, entre los que destacan ser argentino, tener un mínimo de 30 años de edad, acreditar una residencia comprobable no menor a cinco años en Cutral Co y demostrar antecedentes o formación en áreas afines como derechos humanos, salud, acción social o mediación comunitaria.
La designación estará a cargo del propio Concejo Deliberante, requiriendo el voto favorable de los dos tercios de la totalidad de sus miembros, previo proceso de inscripción pública y evaluación de antecedentes. El mandato tendrá una duración de dos años, con opción a una sola reelección consecutiva.
Entre las principales tareas asignadas a la figura del Defensor se encuentran:
Recibir denuncias y reclamos vinculados a la vulneración de derechos de la ancianidad.
Brindar orientación gratuita a los adultos mayores y a sus familias respecto a trámites y servicios.
Proponer campañas de prevención contra el maltrato, el abandono y las estafas.
Elaborar estadísticas y un informe anual de gestión que deberá presentarse antes del 31 de marzo de cada año.
Asimismo, el proyecto contempla la creación del Registro Municipal de Reclamos y Actuaciones sobre Derechos de Personas Mayores, garantizando la estricta confidencialidad de los datos sensibles recopilados.
Fundamentos del proyecto: austeridad y articulación institucional
Los argumentos de la propuesta ponen el foco en la necesidad de brindar una protección integral a un sector vulnerable frente a la burocracia, la falta de información y el aislamiento social, en sintonía con los principios de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y la Carta Orgánica Municipal.
Sin embargo, el articulado hace especial hincapié en que esta nueva herramienta se diseñe bajo criterios de austeridad. El texto resalta que la defensa de estos derechos no debe traducirse en un incremento de cargos políticos o presión fiscal para los contribuyentes, sino en optimizar los recursos existentes, promoviendo la colaboración ad honorem de centros de jubilados, comisiones vecinales y entidades intermedias de la localidad.
