En un movimiento que profundiza la crisis interna de la bancada oficialista, un grupo de 15 legisladores nacionales de La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra su par, Marcela Pagano. La presentación judicial, radicada en el fuero Criminal y Correccional Federal, apunta contra la integridad patrimonial de la diputada desde su asunción en diciembre de 2023.
Los ejes de la acusación
La denuncia, que cuenta con el patrocinio del abogado Hernán Emilio Seivane, solicita que se investigue a Pagano por una serie de delitos contra la Administración Pública Nacional, entre los que destacan:
·Enriquecimiento ilícito: Se cuestiona la evolución de sus activos en relación con sus ingresos declarados.
·Omisión maliciosa: Se investiga la posible falta de datos o falseamiento de información en sus declaraciones juradas patrimoniales.
·Administración fraudulenta: Los denunciantes sugieren maniobras que podrían haber afectado recursos del Estado.
Los firmantes de la denuncia
El documento judicial lleva la rúbrica de un sector mayoritario del bloque oficialista, evidenciando el quiebre de relaciones con la ex periodista. Entre los diputados que impulsan la acción se encuentran:
·Lilia Lemoine, Santiago Santurio y María Celeste Ponce.
·Carlos Zapata, Jairo Guzmán y María Cecilia Ibáñez.
·El resto de la nómina se completa con Valentina Ravera, Miguel Rodríguez, Sergio Figliuolo, entre otros referentes del espacio.
Próximos pasos judiciales
Al tratarse de presuntos delitos cometidos por una funcionaria pública en ejercicio, la causa quedó bajo la órbita de los tribunales federales de la Ciudad de Buenos Aires. La Justicia deberá ahora sortear un juzgado que determine si los elementos presentados por los legisladores de su propio bloque poseen el sustento suficiente para iniciar una investigación formal y solicitar medidas de prueba, como peritajes contables y pedidos de informes a la Oficina Anticorrupción.
Esta presentación escala el conflicto político a un terreno estrictamente penal, en un contexto donde la transparencia patrimonial de los funcionarios se ha convertido en el eje central de las disputas dentro de la Cámara de Diputados.
