La iniciativa, impulsada por la concejala Viviana Casado (Juntos por Plaza), propone un sistema digital y gratuito para la publicación de ordenanzas y actos de gobierno, superando las limitaciones de normativas anteriores.
El concejo deliberante de Plaza Huincul analiza un proyecto de ordenanza que busca saldar una deuda histórica con la transparencia institucional: la creación y regulación del boletín oficial municipal. La propuesta, presentada por la concejala Viviana Casado, surge como una herramienta jurídica indispensable para garantizar la publicidad, validez y eficacia de los actos de gobierno local.
Un reclamo con historia
La creación de este órgano ha sido una iniciativa recurrente en el cuerpo deliberativo desde el año 2000, presentada por distintos bloques sin lograr su implementación efectiva hasta la fecha. Si bien existe la ordenanza 005/86, que creó una sección denominada "boletín municipal", su naturaleza era meramente informativa y dependía de disponibilidades presupuestarias para su impresión bimestral, lo que impedía una periodicidad adecuada y una accesibilidad permanente.
Frente a las antiguas excusas sobre los costos de impresión en papel, el nuevo proyecto plantea un sistema digital y moderno. Esta modalidad sigue el exitoso ejemplo de los boletines oficiales de la nación y de la provincia de Neuquén, que operan de manera eficiente con un costo mínimo para el erario público.
Detalles del proyecto
El articulado de la propuesta establece que el boletín oficial será el órgano oficial de publicación de las normas y actos administrativos de alcance general. Entre sus puntos principales se destacan:
Naturaleza y finalidad: garantizar la validez, vigencia y oponibilidad de las normas.
Principios rectores: el sistema se regirá bajo los conceptos de publicidad, legalidad, transparencia, accesibilidad, gratuidad y continuidad.
Contenido obligatorio: en su sección inicial, deberá contar con la publicación íntegra de las ordenanzas sancionadas.
El proyecto subraya que la publicidad de los actos de gobierno es una condición esencial para el control ciudadano, tal como lo establece la constitución nacional y la carta orgánica municipal, que presupone el acceso efectivo a la información pública como un derecho fundamental.
