En una resolución que marca un punto de inflexión en el proceso judicial más emblemático de los últimos años, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) rechazó de forma unánime todos los planteos de nulidad presentados por las defensas. Con esta decisión, los jueces confirmaron que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner deberá presentarse de forma presencial en los tribunales de Comodoro Py el próximo martes.
El fallo del TOF 7: Luz verde al debate oral
Los magistrados Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero alinearon sus criterios con los de la fiscalía para despejar el camino hacia el juicio. Los puntos principales del fallo incluyen:
·Rechazo a las nulidades: El tribunal desestimó los cuestionamientos sobre la instrucción original del fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
·Validez de los "arrepentidos": Se ratificó la legalidad de los testimonios de los 31 imputados colaboradores, descartando la teoría de las defensas que alegaban "extorsiones" para obtener dichas declaraciones.
·Continuidad de la querella: La Unidad de Información Financiera (UIF) fue confirmada en su rol de querellante, asegurando su participación en el proceso.
La estrategia de las defensas bajo la lupa
El tribunal fue crítico con los abogados defensores, señalando que los recursos presentados buscaban "obturar" el inicio del debate mediante la repetición de argumentos ya resueltos en instancias anteriores.
Por su parte, la fiscal Fabiana León sostuvo que estas presentaciones formaban parte de una estrategia dilatoria para alcanzar la prescripción de los delitos. León subrayó la "decisión inquebrantable" del Ministerio Público Fiscal de llevar la causa a juicio, pese a lo que calificó como presiones externas y operaciones mediáticas.
El cronograma de declaraciones
La agenda del TOF 7 para las próximas semanas coloca el foco en las figuras centrales de la administración investigada:
1.Martes 17 de marzo: Declaración presencial de Cristina Kirchner en Retiro.
2.Jornada subsiguiente: Turno del exministro de Planificación Federal, Julio De Vido.
El proceso busca determinar la existencia de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de fondos ilegales a través de contratos de obra pública, basándose en la prueba documental y testimonial acumulada desde 2018.
