La validez del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 que establece una desregulación sin precedentes en la economía argentina se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, que aún no ha definido una fecha para su tratamiento, mientras los legisladores opositores buscan garantizar el quórum frente un Congreso dividido, el oficialismo se concentra en conseguir apoyos para aprobar una nueva versión de la Ley Bases.

La fecha para el tratamiento del DNU 70/2023 en la Cámara de Diputados aún no está definida y, según aseguran fuentes parlamentarias, es probable que la sesión no sea convocada hasta que se apruebe o rechace la nueva versión de la Ley Bases que el Gobierno nacional presentó en el Congreso.

El éxito o el fracaso de este proyecto va a condicionar lo que ocurra con el DNU –si no logra ser tratado antes para su tratamiento- y podría ser determinante especialmente en los sectores más indecisos.

Hasta el momento, los apoyos y rechazos están divididos y depende en gran medida de cuáles sean las posturas que adopten los distintos integrantes de los bloques de la Unión Cívica Radical (UCR), Hacemos Coalición Federal (HCF) e Innovación Federal (IF).

A pesar de que el Gobierno se ha mostrado públicamente confiado en que el DNU no va a ser “volteado”, por el momento se niega a garantizar el quórum para su tratamiento.

Tras el rechazo expresado en el Senado y la caída del primer proyecto de ley Bases, la estrategia oficialista pareciera ser la de postergar indefinidamente un debate sobre esa normativa firmada por el presidente Javier Milei el 20 de diciembre de 2023.

Las críticas al DNU
Los rechazos que estarían garantizados son los 99 votos que corresponden al bloque de Unión por la Patria (UxP), los cinco de los legisladores del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), y los diputados Natalia de la Sota, Margarita Stolbizer, Mónica Fein y Esteban Paulón, que integran la bancada de HCF, y un sector de la UCR referenciado con el senador nacional y titular del partido Martín Lousteau.

“Hay un número importante de diputados que entendemos que debe ser rechazado, pero en la última sesión de movilidad jubilatoria no alcanzamos a los 129 diputados para sesionar. No estamos lejos, difícilmente alguien dé quórum y vote a favor del DNU”, afirmó Fein en declaraciones a Somos Télam a la vez que advirtió que “es fundamental seguir conversando” para lograr el rechazo.

“Es grave que un Gobierno que le dio la espalda al Congreso haya degradado la función del Parlamento y que ha sido descalificatorio, se maneje exclusivamente por DNU. Son mecanismos que plantean saltear uno de los poderes de la democracia que es el legislativo. Es un sistema muy cuestionable”, añadió Fein.

La legisladora socilista advierte que solo puede expresar opinión en su nombre y en el de sus compañeros del partido (el socialismo santafesino), ya que el resto del bloque de HCF mantiene posturas distintas respecto al DNU, que se evidencian en la cercanía que mantiene el presidente de esta bancada, Miguel Ángel Pichetto, con el Gobierno.

Esteban Paulón, uno de los que se manifestó en contra del DNU. /Foto X@EstebanPaulon
La semana pasada, UxP, el FIT-U y el Partido Socialista convocaron en la Cámara Baja a decenas de constitucionalistas para exponer sobre la inconstitucionalidad del DNU donde también participaron cinco diputados de la UCR (Pablo Juliano, Natalia Sarapura, Jorge Rizzotti, Pedro Galimberti y Marcela Coli).

El radicalismo se encuentra muy dividido respecto a qué postura adoptar frente al Decreto. Luego que Lousteau votara su rechazo en la Cámara Alta, el partido emitió un comunicado respaldando esta decisión del economista.

La postura expresada en el comunicado va en sentido contrario a los legisladores que votaron ratificar el DNU en el Senado y a pesar de otras posturas como la expresada públicamente por el jefe del bloque en la Cámara Baja, Rodrigo de Loredo.

En ese marco, fuentes partidarias aseguran que por el momento “todos los diputados de la UCR están abocados a la nueva Ley Ómnibus” y desconocen hasta qué punto pueden escalar las tensiones internas y diferencias de posturas dentro del bloque.

Por su parte, desde el FIT-U insisten en que la sesión debe ser convocada rápidamente, independientemente de si esté o no garantizado el quórum.

“No depende de nuestra voluntad, pero se puede llamar todas las semanas y esto serviría para que queden en evidencia quienes no se quieren sentar. Ahora están todos cómodos porque no dicen ni que sí, ni que no, pero el DNU debería ser declarado nulo. Para lograrlo tiene que haber movilización de los trabajadores que genere presión en los diputados”, aseguró el legislador del FIT-U Christian Castillo a este medio.

La vigencia del decreto
Lo que finalmente ocurra en la Cámara de Diputados será determinante para el DNU. Este martes la Corte Suprema rechazó los planteos contra la totalidad del Decreto presentados por el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, y el abogado Jorge Rizzo.

También piden que el tribunal supremo se pronuncie sobre la bicameralidad del rechazo al DNU.
La Corte rechazó los planteos en general contra el DNU.
El resto de las presentaciones en la justicia son realizadas sobre capítulos en particular como ocurrió la modificaciones de las leyes laborales que por el momento se encuentran frenadas gracias a una medida cautelar dictada en enero por la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo.

En esa línea, la Cámara Nacional del Trabajo volvió a declarar este jueves la inconstitucionalidad del capítulo que contempla la reforma laboral a raíz de un amparo presentado por la Asociación del Personal Aeronáutico.

Sin embargo, los otros capítulos del Decreto que desregulan la economía siguen vigentes y habilitaron –entre otros puntos- aumentos en el precio de los alquileres, medicamentos, comida y cargos en las tarjetas de crédito.

Uno de los puntos más controversiales fue la modificación que habilitó a las prepagas a disponer subas en los precios de las cuotas. Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, expresara que “las prepagas le están declarando la guerra a la clase media”, el Gobierno dio marcha atrás e intervino para retrotraer los aumentos dictados a partir de diciembre de 2023 y reajustar las cuotas teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

La medida adoptada contradice la postura del Gobierno que defiende la autoregulación del mercado a toda costa, un argumento que fue clave en la elaboración del DNU y que el oficialismo tendrá dificultades para mantener cuando eventualmente deba debatir en la Cámara Baja.