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En la antesala del 25 de noviembre, organizaciones feministas alertan sobre el impacto del aislamiento en la convivencia con los agresores y la falta de acompañamiento posterior a las denuncias. Además, informes de la Auditoría General de la Nación advierten fallas en la articulación estatal.

BUENOS AIRES. — En la víspera de una nueva conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cada 25 de noviembre, los registros estadísticos y los informes de control estatal vuelven a poner en primer plano la gravedad de la violencia machista en la Argentina, donde una mujer es asesinada cada 29 horas.

De acuerdo con el relevamiento del Observatorio de Femicidios Adriana Marisel Zambrano, coordinado por la asociación civil La Casa del Encuentro, entre el 20 de marzo y el 12 de noviembre se contabilizaron 175 femicidios en todo el país.

María Laura Novo, abogada voluntaria del Área de Incidencia en Políticas Públicas de la entidad, explicó que la emergencia sanitaria obligó a modificar la frecuencia de sus reportes: “La pandemia nos obligó a comenzar a hacerlo cada 14 días, en donde empezamos a visibilizar cosas en relación a fallas que estaba teniendo el sistema, que brindaba una protección absoluta a nivel salud, pero se había olvidado y dejado de lado a las mujeres víctimas de violencia”.

Más consultas en la Línea 144, pero menos denuncias efectivas

Uno de los puntos críticos señalados por las especialistas radica en la brecha entre el pedido inicial de ayuda y la respuesta institucional posterior. Entre marzo y septiembre, la Línea 144 recibió 60.449 llamados por situaciones de violencia de género. Sin embargo, desde La Casa del Encuentro advierten que ese incremento en las comunicaciones no se traduce en un mayor índice de denuncias formalizadas.

“Encontramos muchos casos de mujeres con denuncias previas, con botón antipánico, que ya habían pedido ayuda al Estado. Pero se limitaron a tomar denuncias sin brindar una atención posterior, cuando los servicios de violencia de género son esenciales y deberían estar funcionando”, subrayó Novo, quien insistió en que muchas consultas quedan sin acompañamiento ni seguimiento efectivo.

En sintonía, Mabel Bianco, presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), vinculó el agravamiento del escenario con las medidas de aislamiento obligatorio: “La pandemia empeoró la situación porque la medida de prevención del COVID encerró a las mujeres con sus agresores los 7 días, las 24 horas. Incluso en donde no había violencia ahora empezó a aparecer. Por eso aumentaron las llamadas al 144 y los pedidos de ayuda. Además, en los últimos 25 días de septiembre hubo un femicidio cada 24 hs cuando antes el promedio era uno cada 30 y al principio de la cuarentena 2 cada 29 horas”.

Qué señalan los informes de la Auditoría General de la Nación

Más allá de la coyuntura sanitaria, cuatro auditorías elaboradas por la Auditoría General de la Nación (AGN) desde 2003 hasta la actualidad ya venían documentando falencias estructurales en la gestión de las políticas públicas de género:

Cumplimiento de la Ley 26.485: En un informe de 2019 sobre el ex Consejo Nacional de las Mujeres (luego Instituto Nacional de las Mujeres), el organismo de control detectó debilidades en la aplicación de la Ley de Protección Integral, escasa articulación con las provincias y "demoras administrativas excesivas" en la ejecución de programas.

Metas de la Agenda 2030: Al auditar el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 5 (Igualdad de Género) en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, la AGN advirtió retrasos en la coordinación, ausencia de diagnósticos de necesidades y falta de plena operatividad de la Plataforma ODS Argentina.

Cupo Femenino Sindical: En 2018, un estudio sobre la Ley 25.674 comprobó el incumplimiento del cupo femenino en los gremios y la inexistencia de mecanismos estatales de fiscalización. Actualmente, el organismo participa junto a entidades fiscalizadoras del Mercosur (EFSUR) de una auditoría regional sobre género y feminización de la pobreza coordinada por la auditora general María Graciela de la Rosa.

En el plano interno, la AGN aprobó el pasado 30 de octubre su Plan de Capacitación en el marco de la Ley Micaela y sostiene un Comité para la Prevención y Erradicación de la Violencia Laboral con enfoque de género, en línea con iniciativas similares como el convenio firmado entre la Auditoría General porteña y la Universidad de Buenos Aires.

El debate por los recursos y la articulación del Estado

Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, las partidas destinadas a iniciativas con perspectiva de género en el Presupuesto 2021 alcanzan los $1.293.028 millones (el 19% del gasto total nacional). Aunque reflejan una suba nominal del 1,4% en su participación, al descontar el efecto de la inflación representan una caída real del 3,6% frente a 2020.Para Mabel Bianco, el problema central trasciende el monto asignado: “Las partidas este año son muy importantes y eso es bueno pero aún falta que se siga y acompañe.

Sigue desarticulado el sistema de la justicia, las fuerzas de seguridad, los servicios de salud y los de atención de violencia en municipios y provincias; entonces, por más que se aumenten los presupuestos, si no se articulan y no se ordenan las responsabilidades ni se comunican, la mujer está sola sin protección”.Por su parte, María Laura Novo reclamó mayor transparencia en el destino de los fondos públicos: “Vemos una subejecución del presupuesto del Ministerio de las Mujeres. Desde la Casa del Encuentro pedimos que sea desagregado y que se especifique a dónde va destinado cada parte del monto para poder plantear políticas a largo plazo con seguimiento, monitoreo y números reales”.