Puede ser una imagen en blanco y negro

El juez Martín Brites dictó la prisión preventiva para un exsargento y un exagente de la División Resguardo de Detenidos de la UR-V, junto a cuatro internos que actuaban como cómplices. Cobraban por ingresar celulares, habilitar visitas irregulares y evitar golpizas dentro del pabellón.

La Justicia ratificó la detención preventiva de dos exintegrantes de la Policía acusados de montar una red de extorsión y cobro de dádivas dentro de la División Resguardo de Detenidos de la Unidad Regional V (UR-V). La resolución, firmada por el titular del Juzgado de Instrucción N° 3, Martín Brites, también alcanzó a cuatro presos que colaboraban con los uniformados a cambio de privilegios en el penal.

Los exefectivos —un exsargento de 45 años y un exagente de 26— habían sido arrestados el pasado 2 de septiembre y separados de la institución policial ese mismo día. Ahora, el magistrado formalizó su prisión preventiva al considerarlos coautores en concurso real de los delitos de extorsión, exacciones ilegales, cohecho pasivo, apremios ilegales y vejaciones, y encubrimiento agravado por su condición de funcionarios públicos.

En el mismo fallo, Brites dispuso idéntica medida cautelar para cuatro reclusos que integraban el engranaje delictivo: tres de ellos quedaron imputados como coautores de extorsión, amenazas coactivas y lesiones, mientras que al cuarto se lo procesó por cohecho activo reiterado (dos hechos) y participación secundaria en extorsión. Por orden judicial, los exuniformados permanecerán alojados en dependencias separadas del resto de los acusados.

Cómo operaba la red de cobros y violencia

De acuerdo con la reconstrucción del expediente, los policías exigían dinero tanto a los internos como a sus allegados a cambio de otorgar distintos beneficios prohibidos por el reglamento penitenciario:

Privilegios y alertas: Permitían el ingreso clandestino de teléfonos celulares, habilitaban visitas íntimas fuera de los días y horarios autorizados y filtraban con antelación los avisos de requisas para que los presos pudieran esconder los dispositivos.

Extorsión mediante golpizas: Para quienes se negaban a pagar o recién ingresaban al establecimiento, el esquema contemplaba el uso de la fuerza. En complicidad con los uniformados, los cuatro internos imputados sometían a sus compañeros a golpes y amenazas con armas blancas de fabricación casera ("tumberas"), forzando así a las familias a abonar por "protección".

El rastro del dinero y un antecedente previo

El avance de la causa permitió comprobar el flujo financiero mediante el entrecruzamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales entre los familiares de los detenidos y los acusados. En ese análisis surgió que uno de los policías llegó a recaudar 2,5 millones de pesos en apenas una semana a través de transferencias electrónicas, sin perjuicio de otras sumas que habrían cobrado en efectivo.

Por último, el historial judicial revela que el exsargento de 45 años ya había estado bajo la lupa en 2022 por un hecho similar de exacciones ilegales, aunque en aquella ocasión fue sobreseído por el beneficio de la duda al no reunirse pruebas suficientes.