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En un fallo unánime, el Tribunal de Impugnación ratificó la sentencia de un año de prisión en suspenso y la prohibición de por vida para ejercer su profesión con pacientes menores de edad en toda la Argentina. El caso salió a la luz gracias a una clase de Educación Sexual Integral.

La Justicia neuquina dejó firme en segunda instancia la condena contra un odontólogo de San Martín de los Andes, hallado penalmente responsable del delito de abuso sexual simple en perjuicio de una paciente de 9 años. Por unanimidad, los integrantes del Tribunal de Impugnación —Andrés Repetto, Estefanía Sauli y Nazareno Eulogio— rechazaron el recurso presentado por la defensa y avalaron en todos sus términos el veredicto que había dictado el juez de juicio Maximiliano Bagnat.

De este modo, quedó ratificada la pena de un año de prisión condicional y, como medida accesoria fundamental, la inhabilitación perpetua para atender a menores de 18 años en todo el país.

Según se probó durante el juicio oral, el ataque ocurrió en 2024 dentro del consultorio privado del profesional. Mientras la madre de la niña aguardaba en la sala de espera, la víctima ingresó sola a la consulta, momento que el imputado aprovechó para realizar tocamientos de índole sexual sobre ella.
El rechazo a los planteos de la defensa

Tras conocer la sentencia condenatoria inicial, los abogados del profesional apelaron con el objetivo de conseguir su absolución. Sostuvieron que las pruebas reunidas no alcanzaban para derribar el principio de inocencia y cuestionaron tanto la credibilidad del relato infantil como los informes psicológicos incorporados al expediente.

Sin embargo, al revisar el expediente, los magistrados de Impugnación desestimaron esos argumentos y destacaron que el juez de primera instancia analizó el cuadro probatorio de manera integral. En los fundamentos de su voto, el juez Andrés Repetto subrayó la consistencia de la declaración de la niña, señalando que "identificó con precisión al autor y el ámbito en el que ocurrió el episodio".

Además, el tribunal avaló el valor de los indicios indirectos en delitos que suelen cometerse sin testigos presenciales: "La corroboración periférica no exige que otra persona haya observado la conducta atribuida, ni que cada elemento externo confirme por sí solo la totalidad de la acusación", explicó Repetto en la resolución. En esa línea, los jueces ponderaron los dichos de allegados, maestros y una compañera de curso, quienes dieron cuenta de las secuelas posteriores al hecho: bruscos cambios conductuales, crisis de angustia y un rechazo absoluto a volver al dentista.
La ESI como herramienta clave de detección

La sentencia hizo especial hincapié en el papel decisivo que cumplió la institución educativa para destapar el abuso. La niña logró romper el silencio por primera vez al confiarle lo sucedido a una compañera de grado durante una jornada de Educación Sexual Integral (ESI). A partir de ese diálogo, se activó rápidamente el protocolo institucional con la intervención del cuerpo docente, los directivos y el entorno familiar.

Para el Tribunal, ese espacio pedagógico resultó determinante para que la menor encontrara contención y pudiera poner en palabras lo vivido. Asimismo, remarcaron el valor de los testimonios escolares que documentaron su baja en el rendimiento académico y su angustia manifiesta. Finalmente, sobre las pericias psicológicas, aclararon que, aunque no funcionan como una prueba aislada de los hechos, resultaron esenciales para constatar el impacto emocional sufrido y la coherencia sostenida en el testimonio de la víctima durante todo el proceso judicial.