La fiscal Andrea Lazo formalizó la acusación contra un numerario de la fuerza provincial tras la denuncia de una mujer alojada en la Comisaría Séptima. El sospechoso permanece detenido, fue pasado a disponibilidad y enfrenta una grave calificación penal agravada por sus funciones.
Un grave escándalo institucional sacude a la fuerza de seguridad mendocina luego de que la Justicia dictara la imputación formal contra un policía acusado de cometer un ataque sexual contra una detenida dentro de las instalaciones de la Comisaría Séptima, ubicada en el departamento de Godoy Cruz.
La investigación se encuentra bajo la órbita de la fiscal Andrea Lazo, quien endilgó al uniformado Cristian Daniel Moyano Sánchez el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, una figura que contempla penas severas al tratarse de un episodio perpetrado por un agente estatal en ejercicio de sus funciones. Debido a la sensibilidad del caso, las actuaciones se desarrollan bajo rigurosa reserva para preservar la privacidad de la denunciante.
El caso y las primeras diligencias probatorias
De acuerdo con los datos recabados en el expediente, la víctima había ingresado a la seccional policial el pasado 9 de octubre en el marco de una causa por supuestos delitos económicos que tramitaba ante la Unidad Fiscal de Delitos Económicos. En ese contexto de encierro se habría consumado el hecho que posteriormente fue denunciado de manera formal.
Al tomar conocimiento de la acusación, la titular de la investigación activó un protocolo de urgencia que incluyó:
El secuestro y peritaje minucioso de los registros fílmicos provistos por las cámaras de seguridad del establecimiento.
La recepción de testimonios a efectivos de la dependencia y a testigos circunstanciales.
La ejecución de exámenes físicos y peritajes médicos forenses sobre la víctima.
Trascendió que los análisis habrían arrojado elementos compatibles con un vínculo carnal reciente, fortaleciendo la hipótesis incriminatoria, aunque la pesquisa continúa abierta a la producción de nuevas pruebas mientras el acusado ejerce su derecho a defensa.
Sanciones administrativas y situación procesal
En paralelo al avance en los tribunales ordinarios, el Ministerio de Seguridad y Justicia provincial dictó el inmediato apartamiento preventivo del agente de las labores operativas. Por su parte, la Inspección General de Seguridad (IGS) ordenó su pase automático a situación pasiva frente a la gravedad institucional de la denuncia.
Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron que el policía continuará privado de su libertad mientras se evalúan nuevas medidas procesales y se incorporan testimonios clave para esclarecer por completo lo sucedido en el interior de la seccional de Godoy Cruz.
