La Justicia neuquina imputó formalmente al policía Francisco Agustín Quiroz, acusándolo de haber coordinado y facilitado la evasión de cuatro internos alojados en la Unidad de Detención 12 de la capital provincial, en un hecho ocurrido el 17 de noviembre de 2025.

Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal del caso Paula González atribuyó al efectivo haber liberado la custodia de un sector clave de la dependencia durante aproximadamente dos horas. En ese lapso, los detenidos Diego Ezequiel Bastías, Lucas Nicolás Cruces, Rogelio Alejandro Rojas Cisterna y Jeremías Fresco lograron cortar el enrejado de una terraza en el pabellón 3 y darse a la fuga.
Transferencias de dinero, sierras y un plano secuestrado

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal sostiene que la evasión no fue un descuido, sino un plan acordado previamente a cambio de dinero. Las pericias telefónicas y bancarias revelaron que Quiroz mantuvo contactos frecuentes con la madre de uno de los evadidos en el mes previo al escape, registrándose posteriormente acreditaciones de dinero en su cuenta desde la misma fuente.

Entre los elementos probatorios destacados por la fiscalía se encuentran:

Testimonio clave: La declaración de un interno que afirmó que Quiroz cobró para liberar la zona, ingresar teléfonos celulares y proveer la sierra utilizada para cortar las rejas.

Allanamientos: El secuestro de un plano de la Unidad de Detención 12 en el domicilio particular del policía imputado.

Evidencia digital: Comprobantes de las transferencias de dinero hallados en el teléfono celular de la madre de uno de los fugitivos.

Situación administrativa y plazos de investigación

A nivel institucional, las autoridades de la Policía de Neuquén dispusieron el pase a disponibilidad del acusado por un plazo de cuatro meses mientras concluye el sumario administrativo.

En el ámbito penal, la jueza de garantías dio por formulados los cargos contra Quiroz bajo la figura de favorecimiento de evasión agravado por su condición de funcionario público (artículos 281 y 45 del Código Penal). La magistrada fijó un período de cuatro meses para la investigación de la causa, etapa en la que la defensa pública intentará sostener su propia teoría del caso.