En un fallo unánime dictado por jurados populares en los tribunales de San Francisco, se impuso la pena de prisión perpetua para los tres acusados por el homicidio, abuso sexual y encubrimiento de Aralí Vivas, la niña de 8 años asesinada en noviembre de 2024 en la localidad cordobesa de Brinkmann.

El veredicto y las condenas

El tribunal de la Cámara Criminal y Correccional de San Francisco avaló en su totalidad los requerimientos presentados por la fiscal Consuelo Aliaga Díaz. Las penas recayeron sobre:

Matías Ezequiel Simeone (padrastro de la víctima) y Cristian Hernán Varela (amigo de la pareja), quienes fueron encontrados penalmente responsables de homicidio calificado por el vínculo, agravado por violencia de género y criminis causae, además de abuso sexual agravado. Varela sumó además el cargo de estrago doloso por prender fuego el dormitorio.

Milagros Rauch (madre de la niña), condenada como partícipe necesaria del violento episodio.

Durante las instancias de alegatos, las defensas de Rauch y Varela habían bregado por sus respectivas absoluciones al argumentar una supuesta ajenidad en los hechos y la inexistencia de rastros genéticos incriminatorios en el segundo de los nombrados, mientras que la representación de Simeone intentó anular las pruebas incorporadas al expediente. Al momento de las últimas palabras, la madre de la víctima pidió al padre biológico que continuara batallando por justicia.
Una trama de horror, fuego y encubrimiento

El dramático suceso tuvo lugar cuando Simeone, quien gozaba de libertad condicional y acumulaba antecedentes por violencia de género, se ausentó temporalmente del domicilio junto a dos de los hermanos de la menor bajo la excusa de llevarlos a una plaza.

Al desatarse las alertas vecinales por un foco ígneo, los bomberos ingresaron a la vivienda y hallaron el cuerpo sin vida de Aralí boca abajo y aferrada a una almohada. Las pericias posteriores revelaron que la niña había sido abusada sexualmente y ultimada mediante asfixia manual, y que el incendio fue provocado de manera intencional para borrar evidencias de los delitos cometidos.
Reclamos y antecedentes de desprotección estatal

En las inmediaciones de los tribunales se concentraron familiares y allegados para exigir justicia, entre ellos Betiana Heredia, tutora judicial de los hermanos de Aralí, quien advirtió sobre el persistente cuadro de vulnerabilidad que padecían los menores debido al consumo problemático de sustancias por parte de su madre.

El caso también puso en la mira el rol de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf). Pese a las reiteradas advertencias y denuncias formuladas por el entorno familiar y vecinal acerca de la violencia extrema y el desamparo que imperaba en el hogar, el organismo estatal había restituido la tenencia de los niños a los acusados tras dar por concluido un tratamiento de adicciones, lo que derivó en profundos cuestionamientos e investigaciones internas sobre la actuación de las dependencias oficiales.