El uso de armas de fuego por parte de miembros de fuerzas de seguridad y las consecuencias fatales de su manipulación vuelven a poner bajo la lupa los protocolos de instrucción y el rol de la justicia.

Un repaso por los fallos judiciales emitidos en 2017 y 2025 en la provincia de Catamarca expone patrones similares en casos donde agentes policiales causaron la muerte de personas mediante disparos letales, siendo finalmente condenados bajo la figura legal de homicidio culposo en lugar de dolo.

El primer antecedente se remonta al 16 de diciembre de 2015 en la localidad de Andalgalá, cuando el agente Omar Vergara respondió a un llamado por un robo y, en medio de un forcejeo junto a un automóvil durante una persecución nocturna, se disparó la escopeta Ithaca que portaba, provocando la muerte del adolescente Ariel Fuenzalida (16).

Pese a que la Fiscalía intentó encuadrar el hecho como homicidio agravado, en septiembre de 2017 la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Segunda Nominación lo declaró culpable de homicidio culposo, sentenciándolo a cinco años de prisión y diez de inhabilitación tras comprobarse fallas mecánicas en el arma, sumadas a la falta de destreza del efectivo.

El caso Ávalos, la manipulación negligente de armas y el debate sobre la instrucción policial

Un escenario análogo se reprodujo años más tarde. El 2 de junio de 2023, en las instalaciones del GIMAR, el efectivo policial Franco Ávalos manipuló una escopeta que creía descargada y efectuó un disparo mortal contra su compañero Oscar Ramírez.

Aunque la fiscalía de instrucción impulsó la acusación por homicidio simple con dolo eventual, en junio de 2025 un jurado popular lo declaró unánimemente culpable de homicidio culposo, recibiendo una pena de cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación dictada por el juez Fernando Esteban.

En ambos procesos judiciales, la cuestión de la formación operativa ocupó un lugar central en los fundamentos. En 2017, los magistrados advirtieron sobre la carencia de prácticas de tiro y cursos de manejo de armas en el interior provincial, argumento que también fue esgrimido por la defensa en el juicio contra Ávalos al aludir a una instrucción predominantemente virtual durante la etapa de pandemia.

Mientras la justicia insiste en que todo efectivo debe extremar las medidas de cuidado ante el poder letal del armamento provisto, las sentencias reavivan el debate estructural sobre la preparación de las fuerzas de seguridad y la persistencia de falencias preventivas a lo largo de los años.