El Ministerio Público Fiscal de la Provincia del Neuquén, bajo la conducción de la fiscal Rocío Rivero y la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli, formalizó ante la Oficina Judicial la solicitud para realizar la audiencia de control de acusación que dará inicio al juicio oral por la causa de presunta administración fraudulenta de fondos públicos.
La investigación, que contó con la denuncia inicial y el acompañamiento de la Fiscalía de Estado en rol de querellante, abarca maniobras de desvío de dinero ejecutadas entre los años 2022 y 2023 por un monto histórico estimado en $1.208.657.600.
La acusación fiscal alcanza a ocho personas e incluye como coautores a los exministros de Desarrollo Social y Trabajo de la provincia, Abel Di Luca y Germán Chapino, junto a los referentes de la cooperativa Viento Sur, identificados por sus iniciales D.M, S.E.B y L.L.V. Por su parte, B.R.V.N, F.G.S y M.G.S afrontarán el proceso bajo la figura de partícipes necesarios.
Según la teoría del caso formulada por el MPF, los exfuncionarios autorizaron giros mensuales hacia la entidad ignorando de manera deliberada los dictámenes desfavorables emitidos por la Contaduría General de la Provincia y omitiendo la verificación de requisitos esenciales, tales como padrones de beneficiarios, planes de acción y la acreditación de capacitaciones efectivamente brindadas.
En paralelo, a la conducción de la cooperativa Viento Sur se le reprocha haber recibido y administrado las partidas destinadas a programas de capacitación social mediante la presentación de rendiciones de cuentas inconsistentes, comprobantes incongruentes con los movimientos bancarios y duplicación deliberada de gastos para asegurar la continuidad de los giros estatales.
En tanto, a los tres partícipes necesarios se los acusa de haber percibido fondos sin realizar contraprestación alguna para cerrar el circuito de desvío patrimonial. Para el desarrollo del debate oral, la fiscalía planea convocar a cerca de 80 testigos ante un tribunal colegiado integrado por tres jueces.
