La fiscal del caso Eugenia Titanti encabezó una inspección ocular en las instalaciones del yacimiento Rincón del Mangrullo, ubicado en la zona de Añelo y operado por la empresa YPF, en el marco de la investigación penal iniciada para determinar las causas de la muerte de dos operarios ocurrida el pasado 25 de agosto.
La comitiva judicial, integrada por el asistente letrado Luciano Vidal, peritos del área de Siniestros de Bomberos de la Policía neuquina, efectivos de la Comisaría 10ª de Añelo, personal del Departamento de Seguridad Personal y funcionarios de la Subsecretaría de Ambiente provincial, recorrió el predio de la planta USP 2 con el objetivo de tomar entrevistas a testigos clave —entre ellos médicos, policías, un camionero y personal técnico— y constatar las condiciones operativas de la unidad.
De acuerdo con el informe preliminar presentado por el cuerpo de Bomberos, la inspección se focalizó en dos estructuras de tipo manifold, los sistemas de tuberías y conexiones encargados de unificar o regular el flujo de fluidos en la planta.
En el sector este de dicha línea se constató la rotura y el agrietamiento de un conducto de 12 pulgadas, así como el desplazamiento de diversos elementos por efecto de una onda expansiva generada por la liberación súbita de energía. Estos indicios permitieron a los peritos inferir en primera instancia que el hecho correspondió a una explosión mecánica provocada por sobrepresión dentro del caño, descartando la hipótesis de una explosión química al no hallarse rastros de combustión en los elementos circundantes.
Por su parte, los informes preliminares de autopsia remitidos por el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial confirmaron que los dos trabajadores fallecidos, identificados como Jonathan David Meliqueo y Cristian Latorre, perdieron la vida a causa de los graves traumatismos derivados del impacto de la onda expansiva.
Tras la recolección de indicios en el terreno, la fiscalía solicitó formalmente a las autoridades de la empresa la entrega de la documentación técnica, los registros de mantenimiento y los protocolos de seguridad aplicables a la operación de la planta para establecer las eventuales responsabilidades penales.
