El consultor político argentino fue imputado por tentativa de femicidio en calidad de presunto autor intelectual. Permanece alojado en dependencias de la FELCC a la espera de la resolución judicial sobre su traslado al penal de Palmasola.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz de la Sierra formalizó la imputación contra el consultor político argentino Fernando Cerimedo y solicitó la aplicación de 180 días de prisión preventiva en el marco de la causa que investiga el ataque a balazos contra Nadia Beller. La acusación del Ministerio Público lo señala como el presunto autor intelectual del hecho, encuadrado bajo la figura de tentativa de femicidio.
El estrado judicial a cargo de la causa deberá resolver si hace lugar al requerimiento del fiscal departamental Alberto Zeballos y dispone la permanencia de Cerimedo en prisión, medida que implicaría su traslado al Centro de Rehabilitación Santa Cruz, conocido como la cárcel de Palmasola. El acusado, detenido en el aeropuerto internacional de Viru Viru horas después del episodio, optó por abstenerse de declarar ante los investigadores.
La acusación fiscal incorporó como evidencias preliminares el testimonio brindado por Beller desde el centro asistencial donde permanece internada, los registros de cámaras de seguridad del sector donde ocurrió el ataque y el secuestro de dispositivos electrónicos del imputado, sobre los que se ordenaron peritajes técnicos.
La postura de la defensa y la hipótesis de un "autoatentado"
Por su parte, la representación legal de Cerimedo rechazó la imputación formulada por la fiscal Yolanda Aguilera y negó que el estratega político tuviera intenciones de abandonar el territorio boliviano al momento de ser abordado por las fuerzas de seguridad.
Margarita Arce, abogada defensora del consultor, calificó la acusación de infundada y sostuvo ante medios de comunicación que el episodio responde a un "autoatentado" destinado a incriminar a su representado. En sus declaraciones, la letrada desacreditó el vínculo afectivo expuesto por Beller, rechazó la autenticidad de las capturas de chats difundidas en plataformas digitales y atribuyó el hecho a un intento de desestabilización política en la región.
