La audiencia clave contra el exfuncionario provincial y diez exdirectivos por una defraudación habitacional de $1.300 millones se realizará el próximo 27 de agosto en la Ciudad Judicial. Participará la querella en representación de cientos de familias estafadas.

El sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla penal para más de 340 familias de la capital provincial, pero el proceso judicial ya cuenta con una definición inminente.

Las partes involucradas acaban de ser notificadas formalmente sobre la realización de la audiencia de formulación de cargos contra Jorge "Chino" Salas y diez integrantes más de la antigua cúpula de la Cooperativa de Vivienda y Consumo 127 Hectáreas.

El acto judicial, que marca el inicio del camino hacia el juicio oral por los delitos de estafas reiteradas y administración fraudulenta, quedó fijado para el próximo 27 de agosto a las 8:30 horas en la Sala 12 de la Ciudad Judicial. En el banquillo de los acusados, junto al polémico exlíder de la organización, se sentarán figuras centrales de su gestión, entre las que se destacan la exvicepresidenta Roxana Huircaman y la extesorera Beatriz Lebrero. A la cita procesal concurrirá el equipo de la Fiscalía de Delitos Económicos y los abogados del Estudio Jurídico Mariano Mansilla y Asociados, quienes llevan adelante la querella criminal en representación de las víctimas.

La maniobra, que tomó dimensión pública nacional bajo informes titulados como "El ladrón de sueños", consistió en un sistema sistemático de recaudación de fondos durante años. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la entidad exigía a los afiliados el pago de cuotas sociales mensuales obligatorias a las que se sumaban constantes desembolsos adicionales bajo la promesa de financiar el "movimiento de suelo", la colocación de "paredones" o la construcción de cordones cuneta.

El principal foco delictivo bajo la lupa es el denominado caso "La Meseta", un loteo habitacional que hoy luce desierto y carente de servicios básicos. Cientos de damnificados entregaron miles de dólares y ahorros de toda su vida sin recibir a cambio documentación ni derechos sobre las tierras.

El quiebre institucional y los privilegios familiares

La paradoja que mayor indignación causó en la comunidad neuquina fue el ascenso político del imputado. Mientras las denuncias civiles se acumulaban, Jorge Salas asumió como Director Provincial de Hábitat y Urbanismo de la provincia, un cargo del cual fue desplazado recién cuando la presión mediática y las auditorías se tornaron insostenibles.

La investigación interna dio cuenta de otra asimetría flagrante: mientras el común de los asociados esperaba soluciones habitacionales desde hacía décadas, una importante porción del círculo íntimo de Salas —incluyendo a sus hijas, hermanas y cuñadas— logró acceder con llamativa celeridad al derecho de viviendas en el barrio La Sirena, financiadas con recursos del Estado provincial.

Embargos millonarios y desconfianza en la auditoría estatal

En el plano de las garantías económicas, el perjuicio global reclamado judicialmente asciende a los $1.300 millones. Hasta el momento, las medidas cautelares dispuestas por la Justicia lograron asegurar activos muy por debajo de esa cifra:

• Un total de $350 millones bloqueados mediante el congelamiento de cuentas bancarias de la cooperativa.

• El secuestro y embargo preventivo de 4 camionetas de alta gama utilizadas por la dirigencia.

• La inhibición sobre 80 lotes ubicados en los ejidos municipales de Plottier y Centenario.

De forma paralela al proceso penal, los ministerios de Gobierno e Infraestructura activaron una comisión interministerial de auditoría para revisar los convenios de tierras —incluyendo polémicas cesiones de parcelas vinculadas al Ejército Argentino—. Sin embargo, la tensión continúa latente. Vecinos damnificados manifestaron su profunda incertidumbre y desconfianza respecto a la transparencia de este órgano revisor, debido a que uno de sus integrantes es el actual ministro Jorge Tobares, a quien le atribuyen un rol o participación previa cercana a la cooperativa bajo gestiones de años anteriores.

Con el cierre definitivo de las mediaciones, la rotunda negativa de Salas a devolver el dinero y la confirmación de la fecha en la Sala 12, el expediente ingresa en su fase más crítica, dejando a más de un millar de afectados directos e indirectos a las puertas de un hito judicial contra la impunidad en las estafas inmobiliarias de la región.