La Justicia santiagueña debió intervenir de urgencia ante un grave hecho de violencia escolar en la ciudad capital. Una docente de 40 años recibió protección judicial por un plazo de 90 días luego de haber sido destinataria de una serie de intimidaciones y advertencias de agresión física por parte de la madre de una de sus estudiantes.

El detonante del conflicto se originó en el ámbito pedagógico. La maestra había utilizado la libreta escolar para dejar constancia de las continuas inasistencias de la alumna, recordándole a la familia la importancia de la presencialidad para no retrasarse con los contenidos curriculares.

Mensajes intimidatorios en pleno horario escolar

La respuesta de la tutora de la menor llegó a través de una nota de voz de WhatsApp que la víctima recibió mientras dictaba clases. Al advertir el tenor del mensaje, la educadora alertó inmediatamente al equipo directivo del establecimiento y posteriormente formalizó la denuncia penal en sede policial.

El material probatorio incluyó frases explícitas donde la agresora advertía que le "reventaría la cara a piñas" si volvía a dejar anotaciones en las evaluaciones de su hija. La escalada verbal continuó con una amenaza directa contra la integridad física de la profesional, asegurándole que ese sería su "último día".

Medidas de protección para la comunidad educativa

La situación generó una profunda inquietud institucional debido a un factor de riesgo adicional: el domicilio de la presunta agresora se encuentra ubicado justo frente al edificio escolar, lo que exponía a la docente a un cruce inevitable diario.

Frente a este escenario, las autoridades judiciales implementaron una restricción de acercamiento vigente por tres meses. Durante este período, la acusada tendrá prohibido mantener cualquier tipo de contacto con la denunciante, mientras las fiscalías de turno avanzan con la investigación penal por amenazas y evalúan el contexto del entorno familiar.