Desde la unidad fiscal de Delitos Económicos se solicitó la prórroga por 8 meses del plazo para investigar las supuestas estafas cometidas con la asignación y pago de planes sociales dependientes del Ministerio de Desarrollo Social de Neuquén.

Por el mismo período, también se requirió la renovación de las medidas cautelares dispuestas para proteger el patrimonio que, en caso de una condena, permita resarcir a las cuentas públicas por el monto del perjuicio, hasta el momento estimado en $153.377.900. Se trata de embargos sobre cuentas bancarias (hasta un 20 por ciento), billeteras virtuales, vehículos y propiedades inmuebles, además de las inhibiciones generales de bienes que habían sido impuestas al momento de la formulación de cargos realizada al inicio del proceso o, más reciente, en la reformulación de los mismos. Durante la audiencia de hoy, el fiscal del caso Juan Narvaez sumó nuevos bienes a ese embargo y planteó la extensión de la medida cautelar por el tiempo de la investigación preliminar.

“La investigación continúa”, afirmó Narvaez, quien detalló que el objetivo es “evitar una posible pérdida de los fondos obtenidos de manera ilícita” y, de ese modo, ante una eventual condena “intentar resarcir al Estado”.

Junto a Narvaez, la acusación estuvo a cargo del fiscal jefe Pablo Vignaroli y de las asistentes letradas Agustina Jara y Tanya Cid.

Los bienes comprenden desde autos y camionetas, cuentas bancarias y billeteras virtuales, hasta casas y una chacra, propiedad de los y las personas acusadas.

Tras escuchar a las partes, la jueza de garantías convalidó la prórroga de la investigación por 8 meses y dispuso un cuarto intermedio para resolver respecto de las medidas cautelares, hasta mañana al mediodía.
Medidas pendientes

Para sostener la prórroga del plazo de la investigación, el fiscal del caso dio detalles de lo realizado hasta el momento y de las medidas que resta llevar a cabo:

-Una pericia informática, en la que resta la apertura del 50% de los dispositivos secuestrados y, luego, realizar un análisis sobre la información que se extraiga. Esa tarea está realizada en un 22%.

-Un informe técnico contable para determinar el monto total del perjuicio, que depende de la extracción de datos y que actualmente se encuentra en un 50%.

-Como al uso de tarjetas de débito se agregó el cobro indebido con cheques, se deben realizar pericias caligráficas sobre las firmas.

-Informe en curso sobre las imágenes tomadas con las cámaras de seguridad.

La teoría de la fiscalía alcanza a un grupo de ex funcionarios, empleados y empleadas del Poder Ejecutivo, a quienes les imputa haber integrado una asociación ilícita dedicada a cometer estafas con la administración y el cobro de planes sociales con cheques y tarjetas de debido. Discrimina distintos niveles de responsabilidad, poniendo como jefes a Ricardo Soiza, quien ocupaba la dirección general de Gestión de Planes Sociales del Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo; a Néstor Pablo Sanz, director de Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Social; y Marcos Ariel Osuna, responsable de Gestión de Programas del mismo organismo. Recientemente, la fiscalía amplió la acusación inicial y sumó en el rol de “jefes” de la organización a otros dos funcionarios de alto rango: el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca y el ex coordinador de Administración de esa cartera, Tomás Siengentharler.

Además de quienes están señalados al frente de la asociación ilícita, hay otras 26 personas imputadas - entre particulares y empleados y empleadas del Ministerio de Desarrollo Social y de la Contaduría General del Ministerio de Hacienda- con distintos niveles de participación en la maniobra.

Reformulación de cargos

Previo a solicitar las medidas cautelares y la extensión del plazo de la investigación, la fiscalía amplió la acusación contra dos de las personas investigadas. Se trata de un varón y una mujer que fueron acusados inicialmente como “reclutadores” de eventuales beneficiarios o beneficiarias de planes sociales, pero que no habían sido parte de la reformulación de cargos desarrollada el 10 de noviembre pasado. En esa audiencia, para ese nivel de participación en la asociación ilícita se modificó el monto total del perjuicio y la cantidad total de hechos: 9.303, desde septiembre 2020 al 31 de julio 2022, con un perjuicio total a la administración pública estimado en $153.377.900.

Hasta el momento, la investigación alcanza a 31 personas, de las cuales hay una a la que por motivos médicos aún no se ha acusar