La empresa y el sindicato fracasaron en la última instancia de negociación en La Plata. En paralelo, la Justicia ordenó la indisponibilidad de más de 13 millones de dólares ante denuncias de vaciamiento y reclamos por cuatro meses de sueldos adeudados.

La crisis de Granja Tres Arroyos, que supo posicionarse como la mayor avícola de la Argentina, sumó un capítulo de máxima tensión este miércoles 7 de octubre al vencer sin acuerdo la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. De este modo, quedaron firmes 1.250 despidos en tres plantas bonaerenses.

La ruptura de las negociaciones se confirmó durante la audiencia celebrada en la ciudad de La Plata. Allí, el apoderado de la firma, Walter Carrizo, ratificó la postura patronal: “En relación con los despidos y desvinculaciones comprendidos en el conflicto, esta parte mantiene y ratifica las decisiones oportunamente comunicadas”, expresó ante los representantes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA).
El impacto en las plantas y los argumentos de la firma

Según el registro oficial de la cartera laboral bonaerense, el recorte afecta de manera directa a 1.250 familias trabajadoras, distribuidas de la siguiente manera:

700 despedidos en la planta de Capitán Sarmiento.

500 despedidos en la planta de Esteban Echeverría.

50 despedidos en la planta de Pilar.

Desde la empresa justificaron la medida alegando la necesidad de "adecuar la estructura a la actividad efectivamente disponible y preservar la continuidad de la explotación". Asimismo, rechazaron las acusaciones de vaciamiento, adjudicaron parte de sus problemas financieros a dificultades en las cobranzas y aseguraron que mantienen su disposición al diálogo para buscar alternativas viables.
El frente judicial y millones bajo la lupa

En paralelo al fracaso en la instancia administrativa, el conflicto escaló a nivel judicial. El Juzgado Comercial N° 21 dispuso la indisponibilidad de 13,5 millones de dólares que la avícola tiene depositados en el Banco de Comercio, en el marco de las denuncias presentadas por los gremios y las protestas de los empleados que llevan meses reclamando el pago de cuatro meses de salarios y el aguinaldo adeudados.

El juez Germán Páez Castañeda advirtió además que, del propio pedido de concurso preventivo presentado por la empresa —que arrastra una deuda estimada en 350,9 millones de dólares—, surge la existencia de otro depósito en Eurobanco por casi 16 millones de dólares. Por este motivo, emplazó a la firma a aclarar y acreditar el destino de dichos fondos y a explicar su compatibilidad con la supuesta imposibilidad de pagar los sueldos.

Mientras la crisis general del grupo já acumuló más de 1.700 desvinculaciones en todo el país y los trabajadores continúan con protestas en reclamo de priorizar sus haberes en el concurso de acreedores, el futuro de las plantas bonaerenses y de sus planteles operarios queda ahora atado a las definiciones que tome la Justicia.