El Juzgado Civil y Comercial N° 23 de Resistencia decretó formalmente la quiebra de Carsa S.A., firma controlante de la cadena de electrodomésticos Musimundo, dejando sin efecto el concurso preventivo iniciado en julio pasado. La resolución, informada a la Comisión Nacional de Valores (CNV) tras constatarse el estado irreversible de cesación de pagos, desencadenó una profunda crisis social y laboral en el sector del retail tras el cierre intempestivo de 20 sucursales distribuidas en las provincias de Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

El impacto de la medida afectó de manera directa a más de cien trabajadores, quienes denunciaron desvinculaciones verbales, salarios caídos sin liquidar y la falta total del pago de indemnizaciones. En localidades como Posadas y la capital correntina —donde se contabilizan al menos 36 familias cesantes—, las representaciones gremiales del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) advirtieron sobre la interrupción de la cobertura médica en casos de gravedad de salud. Ante la inasistencia de los directivos de la empresa a las audiencias fijadas por el Ministerio de Trabajo de Misiones, la entidad sindical dispuso la asignación de una asistencia económica de emergencia de $300.000 por cada operario despedido.

El colapso financiero de la compañía se produce luego de años de severo endeudamiento. Tras un primer concurso preventivo iniciado en 2018, la firma acumuló un pasivo concursal cercano a los $63.500 millones, del cual más de $3.060 millones corresponden a deudas bancarias, situando al Banco de la Nación Argentina como el acreedor principal con un crédito acreitado de $1.549 millones. El fracaso de las tratativas para traspasar 45 sucursales a la firma On City precipitó la quiebra de la cadena, que operaba unas 70 filiales en el norte del país y cuyos trabajadores aguardan ahora las actuaciones de la sindicatura judicial para intentar percibir sus créditos laborales.