El 23 de mayo de 2002, Mónica García, Carmen Marcovecchio y Alejandra Carbajales fueron víctimas de un triple femicidio en la esquina de Roca y 25 de Mayo. Las horrorosas características que tuvo el hecho, además de dejar desgarradas a nuestras familias y comunidades, evidencian un patrón que se repite y que enfatizamos utilizando la palabra femicidio: las víctimas son mujeres.
Tal como su nombre lo indica, no se trató de un crimen aislado. El Primer Triple Crimen que se dio en nuestra ciudad en 1997 junto a los múltiples femicidios que se dieron cotidianamente con el correr de los años en nuestra región y en nuestro país, dan cuenta de la urgencia en la necesidad de abordar esta problemática.
Recientemente, distintos observatorios informaron que desde el 1° de enero al 30 de abril de este mismo año se produjeron más de 100 femicidios en nuestro país, es decir, un femicidio cada 28 horas. A su vez, el Observatorio de la Defensoría del Pueblo de la Nación informó que durante todo el 2021 fueron cometidos 289 femicidios, número similar al del 2020, cuando el organismo contabilizó 295 casos.
La inoperancia y las innumerables dificultades que tuvo el Poder Judicial para intervenir en el caso es una muestra más de la carencia de instrumentos y falta de voluntad que tiene para dar cuenta de la realidad de nuestra sociedad y para dar solución a sus demandas. Un ejemplo claro de ello es la nula comunicación que tiene el sistema penal desde hace más de diez años con cualquiera de los y las familiares de las víctimas del segundo triple crimen. Exigir una reforma judicial que considere tanto su composición en términos de género, como su distribución, sus recursos financieros, humanos y técnicos resulta imprescindible en nuestro pedido de Justicia.
A partir del impulso del movimiento de mujeres y diversidades que se desarrolló durante los últimos años, pudimos reinterpretar la tragedia particular que ocurrió en nuestras vidas como una causa colectiva. La violencia machista no sólo se cobra vidas: alimenta constantemente las desigualdades, la precarización, la pobreza. Es por ello que creemos que, lejos de las visiones punitivistas y vaciadoras del Estado que buscan llenar las cárceles de pobres, creemos que la solución a este tipo de problemas viene de la mano de la inclusión social, a la garantía de derechos humanos, y a la necesidad de mayores y mejores políticas públicas con perspectiva de género. Aumentos de presupuesto municipales, provinciales y nacionales para este tipo de políticas, la garantía de un ingreso básico universal para paliar la desigualdad económica que sufren las mujeres de los sectores populares, el trabajo conjunto con organizaciones sociales y de la sociedad civil para realizar campañas de prevención, concientización y acompañamiento, la conquista de derechos laborales y el fortalecimiento de los refugios y espacios de contención, son algunas de las tan necesarias demandas que proponen y compartimos.
A 20 años del Segundo Triple Crimen de Cipolletti, invitamos a marchar a la movilización del 3 de junio por memoria, verdad y justicia para Mónica, Carmen, Alejandra y por tantas otras, alzando la voz por quienes ya no tienen voz.
Familiares de Mónica, Carmen y Alejandra
