La fiscal Sandra González Taboada imputó los cargos un grupo de 10 personas entre contratistas, subcontratistas y el arquitecto de la obra de la Escuela 144 de Aguada San Roque. La imputación de cargos es individual a cada uno de los participantes y deja en claro que para la Fiscalía hubo descontrol absoluto en la obra, falsificación de documentos públicos, certificaciones “truchas”, trabajadores sin ART ni medidas de protección para ellos ni para terceros.

A Héctor Villanueva, socio de la empresa Arte Construcciones contratista de la obra, se le adjudica “No haber ejecutado ni haber hecho ejecutar los planos de la obra. No haber gestionado ni haber hecho gestionar las inspecciones parciales y finales. Ni la habilitación de la obra de gas. No se solicitó la intervención del ente regulador para la inspección de la obra con la cañería destapada ni tapada”, dijo.

“Haber destinado a la obra material distinto al establecido en el pliego de la obra. "Habiendo omitido las medidas de protección" para evitar que las personas ajenas a la obra pudieran acceder al lugar”, describió González Taboada y puntualizó que la figura es estrago culposo agravado en perjuicio de la administración pública al presentar un certificado de avance de obra falso.

Asimismo, “a sabiendas de que la empresa se encontraba en mora de sus obligaciones contractuales haber cobrado la suma del certificado 15 y presentó al cobro la factura 6000030000282 obteniendo el pago de la tesorería librara un pago un lucro indebido”, dijo la fiscal.

A Eduardo Affione, subcontratista de la obra, le adjudicó conducta negligente por "Haber ejecutado deficientemente la obra, conduciendo un grupo de al menos 5 trabajadores sin declarar la nómina de obra a Arte Construcciones, sin informar la capacidad de dichos obreros, sin ART, sin equipamiento de protección personal, el haber permitido el ingreso de personas ajenas a la obra".

"El haber convocado al señor Nicolás Francés a pesar de conocer su estado de salud", dado que una afección en el oído no le permitía conducir y una parálisis facial. Puesta en peligro de bienes y personas, extremo que se concretó con la deflagración e incendio que culminó con la muerte de” los dos trabajadores de la firma y la docente.

En definitiva la figura delictiva que se le imputa es Estrago culposo agravado por la muerte de tres personas.

A Diego Bulgheroni, arquitecto de la obra, se le adjudicó no conducir y controlar en debida forma la obra, no haber cumplido con los planos para la obra con apego de la cañería existente. “Haber omitido los datos de la totalidad de los trabajadores… sin exigir que los empleados estén registrados. Sin haber dado de alta en la ART y sin haber dado material de seguridad”, agregó.

Le adjudicó también la falta de planos y no haber gestionado las inspecciones. “No haber realizado inspección del montaje de la cañería de gas”, señaló.

“Haber consentido sin realizar observaciones el hecho de que se destinara a la obra material distinto” al previsto en los pliegos de contratación.
También se le achaca haber suscripto el acta 21, del libro de servicios, en la cual se consigna falsamente la medición de avance “cuando tenía conocimiento que la obra no estaba finalizada”, con participación del inspector Sergio Percat. Esto permitió que la empresa cobrara la obra el 23 de julio 2021 por la suma de algo más de 500 mil pesos. Esto permitió que no se cobraran a la empresa las multas por la mora.

Se le imputó estrago culposo en su forma agravada por muerte y administración fraudulenta contra la administración pública.

La querella está encabezada por el doctor Roa Moreno y el doctor Cairuz, entre otros. A su vez, el abogado Diego Vázquez se encarga de la defensa de Héctor Villanueva; Carlos Segovia es defensor de Carlos Córdoba, Raúl Capdevilla y el ingeniero Roberto Deza, los tres funcionarios públicos de la provincia. El doctor Nicolás Faletti, es defensor de Eduardo Affione; Ricardo Mendaña es defensor de Diego Bulgheroni; Juan Manuel Cotto es defensor Adrián Potás; y Gonzalo Rodríguez es defensor del ingeniero Sergio Percat, también funcionario público.