La diputada provincial Brenda Buchiniz del bloque Cumplir - LLA, mantuvo una reunión con el presidente del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, Marcelo Inaudi, para expresar su preocupación sobre el funcionamiento del Programa Integral de Tránsito Inteligente implementado por la Municipalidad de Neuquén.

Durante el encuentro se abordaron distintos aspectos del sistema de cámaras de fotomultas y fiscalización electrónica, cuya aplicación ha generado serias dudas entre los ciudadanos respecto a su legalidad, finalidad real y garantías constitucionales, en especial el derecho de defensa y el principio de legalidad.

“Celebramos toda medida orientada a disminuir la siniestralidad vial, pero no podemos dejar de exigir que se respeten principios constitucionales como el derecho de defensa y la garantía contra el abuso de poder del Estado”, sostuvo Buchiniz.

Desde el espacio político que representa, la diputada provincial presentó un pedido de informes al Concejo Deliberante de la capital neuquina, solicitando precisiones sobre la reglamentación de la Ordenanza N° 14.433 que adhiere al sistema de scoring naci0onal; los mecanismos de defensa ante sanciones automática; la legalidad del uso de imágenes captadas dentro del vehículo y la posibilidad de doble penalización por la misma falta (scoring + multa).

Críticas al sistema a nivel nacional

A nivel nacional, distintas voces se suman a las advertencias sobre el carácter recaudatorio de las fotomultas. La diputada nacional Patricia Vásquez presentó un proyecto para declarar la emergencia vial y reformar la Ley Nacional de Tránsito. La iniciativa busca unificar criterios, limitar abusos en los sistemas automáticos de sanción y terminar con el "curro" de las fotomultas implementadas sin garantías mínimas.

“Muchas municipalidades actúan como antiguamente lo hacía la Policía Caminera: como entes recaudadores que no garantizan notificación ni derecho a descargo”, afirmó Vásquez. En Buenos Aires se procesan unas 450.000 fotomultas por mes, y la recaudación se reparte en un 40% para el municipio, 40% para el prestador privado y 20% para la provincia.

Además, se señalan prácticas que inducen a la infracción: ubicaciones poco visibles, señalización deficiente o reducciones de velocidad sin advertencia. Muchos ciudadanos terminan pagando multas no notificadas para poder renovar la licencia o transferir sus vehículos.

El caso de Neuquén

En la ciudad de Neuquén, el titular del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, Marcelo Inaudi informó que desde la implementación del sistema de control se redujo un 15% la siniestralidad vial, a pesar del aumento del 8% en el parque automotor. Defendió la instalación de pórticos, cámaras y tótems como medidas preventivas, pero no desestimó la necesidad de revisar y mejorar los procesos de aplicación. También exhibió un mapa de siniestralidad vial con las zonas mas “caliente” del tráfico en la capital neuquina pero no pudo informar cuáles eran las medidas que el Municipio planificaba para concientizar a los conductores que cometen infracciones. Sólo se les exige el pago de la multa.

Buchiniz cuestionó el uso de las tecnologías para multar sin proponer una verdadera solución para agilizar el tránsito y mejorar la seguridad vial. “No cuestionamos la necesidad de prevenir siniestros viales, sino el uso desmedido de sistemas automáticos que violan garantías básicas y se convierten en mecanismos de recaudación”, sentenció.

Escándalo nacional de CECAITRA y corrupción en fotomultas

La postura de Buchiniz, coincide con el debate nacional desatado tras una serie de allanamientos a CECAITRA (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), principal operadora del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires. La investigación judicial apunta a que las cámaras instaladas por la empresa carecían de habilitación legal, lo que pone en duda la validez de miles de infracciones.

En ese contexto, el Juzgado de Faltas de La Plata anuló múltiples sanciones en el caso Cañuelas, por irregularidades en la señalización y notificación. El precedente ha llevado a muchos conductores a no pagar las multas hasta que la Justicia se expida.

“En principio, las multas no deben pagarse hasta que no se resuelva judicialmente su validez. Todo acto jurídico debe cumplir con requisitos mínimos de legalidad y solemnidad para ser válido”, señaló el abogado José Luis Itoiz (Junín), citando los artículos 71 y 79 de la Ley Nacional de Tránsito que contemplan la posibilidad de trasladar el expediente al juzgado local y reducir el monto de la sanción por su intrascendencia.

Además, Itoiz remarcó que la señalización correcta es clave para que una infracción sea válida, y denunció que en muchos distritos la señalización es deficiente o intencionalmente confusa.

Corrupción institucionalizada

El escándalo por las fotomultas alcanzó al ex ministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio, imputado por lavado de dinero e irregularidades en la instalación de dispositivos de control. Según la investigación de la Fiscalía de La Plata, el esquema incluía la instalación de cámaras sin autorización legal, la emisión de infracciones inválidas, la recaudación ilícita mediante sobornos de entre el 25% y 50% del valor de la multa, participación de jueces de faltas y funcionarios del Ministerio de Transporte en el circuito de recaudación.

Los fondos eran repartidos entre funcionarios de CECAITRA y autoridades políticas, lo que generó una red de corrupción institucionalizada que terminó con la renuncia del ex funcionario massista.

Entre los jueces involucrados figuran Mario Quattrochi, Alicia Parente, Marcelo Peralta y Miriam Roldán, quienes avalan la validez de las multas fraudulentas.

Una oportunidad para revisar el modelo

En este escenario, la diputada Buchiniz insistió en que la seguridad vial debe ser una política pública sería, no un negocio para los amigos del poder. Apoya iniciativas como la reducción de la prescripción de multas (de 5 a 1 año para faltas leves y 2 para graves) y la nulidad automática de fotomultas sin señalización adecuada. También planteó que los fondos recaudados deben destinarse a educación vial, mejoras en infraestructura y asistencia a víctimas, y no a alimentar circuitos corruptos.

“Aprovecho esta Semana de la Seguridad Vial para invitar a repensar las políticas de movilidad con responsabilidad y justicia. La seguridad no puede ser excusa para el abuso del Estado ni para convertir las multas en una herramienta de recaudación encubierta”, finalizó la legisladora neuquina.