De los nueve imputados que llegaron a esta instancia, sólo 6 quedaron en el expediente. Este martes, Fabio Antonio Luna, director general de la Modalidad Rural del CPE; y Patricia Delia Cressatti, directora provincial de Nivel Primario, fueron sobreseídos y se suman a Potaz. De esta manera, ya no quedan funcionarios de Educación para ser juzgados.
La decisión la tomó el juez Mario Tommassi quien reconoció que "hubo un acto que debió realizarse y no se realizó", dijo respecto a la situación Cressatti y Luna con relación a que debieron avisar que la escuela estaba obra para que no concurrieran el personal ni los alumnos. Cabe recordar, que una docente murió.
En la audiencia, el abogado Gustavo Palmieri preguntó puntualmente qué norma habían violado Luna y Cressatti al omitir dar aviso de la obra a docentes y estudiantes. Pero no hubo ninguna mención de una norma puntual.
El Juez Tommassi, señaló que no hubo "ningún tipo de intención de causar un perjuicio a la administración pública y que ese perjuicio tenga" relación con el incendio en la escuela de Aguada San Roque. No obstante, ya se adelantó que se apelará la decisión. En ese momento, la mamá de Mónica Jara se retiró de la sala. En Tribunales estuvieron también Viviana Sandoval y Susana Delarriva.
En definitiva, siguen como imputados: Roberto Deza, subsecretario de Obras Públicas como coautor de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Raúl Capdevila director provincial de Obras Públicas por estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de autor.
Carlos Córdoba, director de Obras Públicas, por estrago culposo agravado en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor.
Sergio Percat, inspector de Obras Públicas y del Ministerio de Educación, fue acusado de estrago culposo agravado, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de coautor, en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en concurso con falsificación ideológica de documento público.
De la empresa, los señalados son Héctor Villanueva, socio gerente imputado por estrago culposo agravado en calidad de autor, en concurso real con administración infiel en perjuicio de la administración pública como partícipe necesario; el representante técnico, arquitecto Diego Bulgheroni acusado de estrago culposo agravado en calidad de autor en concurso real con administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública en carácter de partícipe y el Maestro Mayor de Obras, Eduardo Afione, el constructor, como autor del delito de estrago culposo agravado.
