Somos Télam
Estudiantes, docentes y referentes del Frente Sindical de las Universidades Nacionales advirtieron sobre la “crítica” situación que se vive en estas instituciones públicas del país debido a las políticas de ajuste y recorte presupuestario implementado por el gobierno nacional, que impactan no solo en salarios docentes y no docentes –uno de los principales reclamos del paro de este jueves-, sino también en gastos de funcionamiento, que desde los rectorados estiman poder cubrir hasta mayo, y en la disminución de becas de comedor y de apuntes para las y estudiantes, en un contexto de subas de precios en alimentos, alquileres, transporte y servicios.

“El paro es total en todas las universidades del país decidido por la totalidad de las federaciones docentes y no docentes, que reúnen a todos los trabajadores y trabajadoras de las universidades nacionales”, sostuvo en diálogo con Somos Télam Federico Montero, secretario de organización de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), que integra el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, junto con Fedun, Fagdut, UDA, Ctera, Fatun y Conadu histórica, y cuentan con el respaldo de la CGT, CTA, y CTA Autónoma.

El frente gremial anunció el estado de alerta y el paro nacional a principios de esta semana como respuesta a los recortes presupuestarios a las universidades del gobierno nacional, que implica el “congelamiento” de los presupuestos y que las universidades nacionales “no podrán funcionar más allá de mitad de año”.

En la noche del miércoles, a pocas horas del comienzo de la medida de fuerza, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, emitió un comunicado informando un aumento del 70% de presupuesto para gastos de funcionamiento de las Universidades. “La medida fue impulsada por la Secretaría de Educación, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias con el fin de afrontar la suba de tarifas de servicio como electricidad, gas e insumos de mantenimiento”, se indicó.

“Hay una política general de asfixia, desfinanciamiento a las universidades, afectar al salario, a los estudiantes, al funcionamiento de las universidades. En este marco, no nos queda otra que la convocatoria a este paro”, apuntó Montero, quien es también profesor de Política Latinoamericana (UBA) y de Estado, Sociedad y Universidad (UNA).

En total, son 170 mil docentes a nivel nacional y 45 mil no docentes repartidos en 57 universidades nacionales que adhieren a la medida de fuerza ante el “desplante” del gobierno nacional durante “la única reunión paritaria” que hubo desde el inicio de la gestión de Javier Milei, en la que se les ofreció “de manera unilateral y arbitraria” un 6% frente a “una inflación acumulada del 50%, precisó.

“La universidad tiene un valor para el conjunto de la sociedad y por eso la sostiene el Estado, no es que ‘la sostiene para que no se pague’, sino que no se paga producto de una inversión pública, una lógica colectiva, que explica el funcionamiento de la universidad argentina a lo largo de su historia, y es lo que viene Milei a combatir”, subrayó Montero.

Las voces de los estudiantes
Las medidas de ajuste afectan a “más de dos millones de estudiantes universitarios en el país”, dijeron desde el frente que convocaron al paro nacional universitario de este jueves.

Consultados por Somos Télam, estudiantes de distintas provincias del país hicieron hincapié en el “temor” que sienten ante la posibilidad de que se cierren las universidades definitivamente y aseguraron que acompañarán como movimiento estudiantil el paro de este jueves.

En el marco de la medida de fuerza, todas las universidades nacionales estarán cerradas, sin actividades, y en algunos puntos se esperan acciones de visibilización contra el recorte. Tampoco se dictarán clases en los colegios secundarios que dependen de universidades, como el caso del Colegio Nacional Buenos Aires o el Carlos Pellegrini (UBA).

“Hay un nivel de profundización de la crisis económica que ya se venía sufriendo en el país, que lleva a que los y las estudiantes veamos en peligro nuestra continuidad académica, no porque no queramos estudiar, sino porque el gobierno nos empuja poco a poco a que nos quedemos afuera de la universidad”, expresó a Somos Télam Christopher Loyola, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

Loyola advirtió que “la situación actualmente es crítica en un escenario de profunda incertidumbre, enmarcado en un ajuste a nivel nacional en los distintos aspectos de nuestra vida cotidiana”.

Entre las consecuencias del recorte presupuestario mencionó además: los programas de becas de cada universidad, que “hoy penden de un hilo” porque “no se sabe si el presupuesto va a alcanzar para cubrir la enorme demanda que hay”.

Por su parte, María Belén Orellana, estudiante de Trabajo Social en la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), subrayó que “esto nos impacta de lleno, haciendo que nos cuestionemos hasta el ir a la facultad por el aumento del costo de vida que lo vemos reflejado en el aumento significativo del transporte en el caso de quienes vivimos relativamente cerca (de la universidad) y la inestable situación de los alquileres para (quienes) vienen del interior de la provincia a estudiar”.

“Me parece importante que alcemos la voz en contra de la debilitación y el vaciamiento que están sufriendo las instituciones que sostienen nuestras vidas”, agregó la joven, quien lamentó la “tremenda incertidumbre” que enfrentan.

En tanto, Ivón Gutiérrez, estudiante del Profesorado y Licenciatura en Historia en la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), contó a Somos Télam que la institución debió declarar la emergencia de su sistema de comedores universitarios para esta primera parte de 2024.

“Es una situación muy grave. Uno de los recortes que más se sufrió fue el de los bolsones que el comedor entregaba para aquellos estudiantes que preferían hacer la comida en su casa o por alguna condición de salud”.

Agregó Gutiérrez
En la misma línea, Ornella Romero Spadafora, representantes estudiantil del Consejo Directivo y estudiante de Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), advirtió que “de casi 130 mil estudiantes que somos solo 800 becas están disponibles en el comedor” y enfatizó sobre el alto valor de los apuntes de estudio.

Asimismo, aseguró que el ajuste presupuestario se nota “desde la falta de papel higiénico hasta en la energía eléctrica, el mal funcionamiento de internet que complejiza el funcionamiento de la institución y la alta inseguridad” en el predio universitario.

Por otra parte, la estudiante notó cierto “síntoma de época” en estudiantes que ingresaron en febrero pasado, al advertir que están “despolitizadas” y que “reivindican la dictadura y el nazismo a través de chistes o se enojan porque hablamos con lenguaje inclusivo”, aunque aseguró que no es generalizado en los demás años de la carrera.

Por su parte, Isaías Díaz, consiliario estudiantil del Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR), alertó sobre la posibilidad de “una vuelta a clases virtuales para amortiguar los gastos de traslado y de funcionamiento de la universidad”, al tiempo que manifestó su preocupación por “la mercantilización de la educación”.

Los jóvenes coincidieron en que llevarán adelante distintas acciones para “sensibilizar ante una derecha extrema” que avanza sobre la educación pública. “Ese es nuestro mayor miedo, porque vemos desmoronarse nuestros proyectos de vida”, manifestó Orellana y Loyola remarcó que “la universidad pública cumple un rol fundamental en el desarrollo de una sociedad”.

Fondos a punto de agotarse
En cuanto al inicio de las clases, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Durán, dijo a este portal que “en principio no peligra porque hasta abril o mayo nosotros tenemos fondos, y no vamos a dejar de dar clase”.

Sin embargo, advirtió que “lo que puede pasar es que, si no refuerzan el presupuesto, directamente el Gobierno cierre de hecho la universidad porque no dan los fondos para que pueda funcionar”.

Y explicó: “La situación en cuanto a los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, en particular de la UBA y de nuestra facultad, es que están congelados al 2023. Eso implica que, con una inflación que ha superado el 200% en el año, en valor real hoy tenemos disponibles menos de un tercio de lo que era el año pasado, que tampoco estábamos en un mundo ideal”.

Por su parte, la economista, docente e investigadora del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación (IDEI) Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Silvina Romano, resaltó a Somos Télam que la situación presupuestaria actual “atenta contra la posibilidad” de llevar adelante el trabajo docente y enfatizó en la dificultad de “planificar nuevas comisiones o propuestas formativas”.

“En un territorio como el de la provincia de Tierra del Fuego la universidad abre oportunidades a muchos estudiantes que hoy se ponen en riesgo. El temor se vincula a que se implementen indicadores o métodos de evaluación reduccionistas, y que no se comprenda el rol transformador de las universidades en los territorios”, concluyó.

La comunidad educativa universitaria continuará con el plan de lucha en las próximas semanas luego de que inicien las clases en el país y prevén realizar clases públicas para visibilizar el reclamo.

Asimismo, participarán activamente de la marcha del 24 de marzo, en el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.