Se trata de una de Ley de emergencia laboral que apunta a que se respeten los puestos de trabajo, ante las medidas anunciadas por el Gobierno nacional. Alcanza a "todos los trabajadores que bajo distintas modalidades de contratación se encuentran prestando tareas de cooperación técnica y financiera con entidades públicas, cualquiera sea su relación contractual".
Diputados nacionales del Frente de Izquierda y Trabajadores de Unidad (FIT-U), encabezados por Nicolás del Caño, presentaron un proyecto de Ley de emergencia laboral para "proteger a los trabajadores bajo amenaza de despido y congelamiento salarial".
La iniciativa impulsada por los legisladores del FIT-U establece la continuidad de "todos los trabajadores que bajo distintas modalidades de contratación se encuentran prestando tareas de cooperación técnica y financiera con entidades públicas, cualquiera sea su relación contractual" y que posean contratos cuyo vencimiento opere a partir del 31 de diciembre de 2023.
El proyecto plantea además la prohibición por veinticuatro (24) meses de despedir sin justa causa a cualquier trabajador o trabajadora en relación de dependencia, lo cual también implica "dejar sin efecto los despedidos que hayan tenido lugar durante el mes de diciembre de 2023, debiéndose proceder a la reincorporación inmediata del trabajador o trabajadora en su puesto y condición normal y habitual de trabajo".
En los fundamentos, los diputados aseguran que las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo "lejos de afectar a la casta, como pregonaron durante la campaña electoral, las medidas constituyen una enorme transferencia de ingresos a favor de los banqueros, los terratenientes y los grandes empresarios" y señaló que "Kristalina Giorgieva, del FMI, felicitó a (Javier) Milei por la decisión de atacar brutalmente al pueblo trabajador".
A través de la iniciativa, se busca la disposición del "pase a planta permanente de todo empleado que cumpla funciones en la administración pública nacional, sea cual fuese su relación contractual; que realicen de manera normal y habitual tareas y funciones correspondientes al personal de planta permanente con estabilidad y que gocen de todos los derechos y garantías del personal".
El proyecto aclara que dicha incorporación "en ningún caso podrá afectar, en perjuicio del empleado o empleada, los derechos y la remuneración vigentes, incluyendo el encuadramiento escalafonario".
Además, los diputados proponen la creación de comisiones de trabajadores para la fiscalización y seguimiento en cada oficina pública con el fin específico de la regularización del empleo público establecido por la presente ley, que tendrán como función "garantizar que las autoridades de cada organismo de la Administración Pública Nacional centralizada, como así también de los entes descentralizados, efectivicen el pase a la planta permanente respetando el encuadramiento escalafonario y el nivel salarial vigente de cada empleado o empleada y sin que se vea dañado ninguno de los derechos adquiridos".
