Por pedido de la fiscal del caso de Rincón de los Sauces, Rocío Rivero, un policía será juzgado por lesionar a su pareja y por haberla amenazado con su arma reglamentaria en un contexto de violencia de género.

Así se resolvió durante una audiencia realizada ayer, a seis meses de que ocurriera la agresión. De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, el 25 de mayo al mediodía, el efectivo policial J.M.P discutió con su pareja. En ese contexto, él comenzó a agredirla con golpes de puño, patadas y cachetadas. Con la víctima en el piso y delante de la hija que tienen en común, tomó el arma reglamentaria que se encontraba en la parte superior de un mueble del dormitorio y la amenazó de muerte. La fiscal relató que la mujer salió corriendo y pidió auxilio a un vecino, también policía. Esto derivó en la intervención de otros efectivos, quienes lograron que el acusado reviera su actitud y permitiera que la niña saliera de la casa.

Rivero encuadró el hecho en los delitos de lesiones leves, doblemente agravadas por el vínculo y por violencia de género; en concurso real con coacciones agravadas por el uso de arma, en calidad de autor (artículos 89, en función del 92, que remite al 80, incisos 1 y 11; 149 bis, segundo párrafo; 149 ter, primer apartado; 45 y 55 del Código Penal). Como ante una eventual declaración de responsabilidad solicitará una pena superior a 3 años de prisión, la fiscal solicitó la intervención de un tribunal colegiado.

Si bien se trata de un funcionario público, la identidad del acusado se preserva para resguardar la intimidad de la víctima.

Durante la audiencia, la fiscal informó al juez de garantías a cargo de la audiencia que su intervención fue recientemente ratificada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, luego de que el imputado intentara apartarla de la investigación. En la recusación, la defensa sostuvo que tres meses luego del hecho, la víctima denunció que la fiscal y a dos policías de Rincón de los Sauces la influenciaron en los primeros meses de la investigación, y sostuvo que las amenazas con el arma no ocurrieron.

Rivero explicó la situación al juez y argumentó que se trata de una modificación en el relato a partir de “un acercamiento que tuvieron las partes -acusado y víctima- luego de la denuncia”, cuando el imputado se encontraba detenido en prisión preventiva. “Lo vamos a demostrar en el juicio con prueba objetiva”, comprometió. Además, precisó que “el imputado, detenido, gozó del beneficio de utilizar su celular y amedrentó a testigos”.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías tuvo por controlada la acusación y ordenó el pase a etapa de juicio.