La fiscal del caso Laura Pizzipaulo y la asistente letrada Margarita Ferreyra formularon cargos a un varón, L. D. B, por intentar asesinar a una mujer y por abusar sexualmente y lesionar a otra, en la ciudad de Zapala.
La imputación fue realizada el domingo, durante una audiencia en la que solicitaron que el acusado permanezca detenido con prisión preventiva.
De acuerdo a la investigación provisoria, el hecho fue cometido el sábado pasado alrededor de las 7 de la mañana en un boliche de Zapala. El acusado tomó de modo intempestivo a una mujer que es su expareja, y la agarró de la cara por la fuerza y le dio un beso mordiéndole el labio. Luego, le reprochó que estuviera bailando con un compañero. La mujer intentó irse, pero el acusado la tomó de una mano y la empujo contra una mesa, provocándole un golpe en la zona de las costillas.
Ante esta situación, la víctima se refugió en el baño del boliche donde se quedó junto a dos compañeras. Una de ellas, fue a reprocharle al imputado la agresión y, luego de que él empezara a insultarla, llamó a personal policial que custodiaba el lugar y lo sacaron hacia el exterior.
Dos horas después, alrededor de las 9 y a la altura de la sede municipal, el acusado se cruzó en la calle con esta mujer que le había reprochado la agresión hacia su expareja. El imputado llevaba un bidón de nafta, comenzó a insultar a la mujer que estaba acompañada por otras personas. Fue hacia ella y la roció con nafta, tomó un encendedor y empezó a decirle a que le iba a tirar el encendedor para prenderla fuego.
Las personas que pasaban por el lugar, lograron interponerse para frenar al imputado y se llevaron a la mujer.
El delito que le atribuyeron la fiscal del caso y la asistente letrada fue abuso sexual simple en concurso ideal con lesiones leves, ambos agravados por ser cometidos a una expareja y con violencia de género, en concurso real con tentativa de femicidio.
Como medida de coerción, pidieron que permanezca detenido con prisión preventiva por un plazo de 30 días por existir riesgo para la integridad de las víctimas.
La jueza de garantías que dirigió la audiencia dispuso la prisión domiciliaria por 30 días, con el argumento de que no había disponibilidad en la comisaría para poder materializar la detención.
