En una nueva ronda de exposiciones ante el plenario de comisiones del Senado, referentes del área se manifestaron a favor de un proyecto que mejore el funcionamiento del poder, pero marcaron objeciones respecto del momento.

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Expertos en derecho, representantes de colegios de magistrados y sindicatos judiciales se pronunciaron hoy en el Senado a favor de una reforma judicial que mejore el funcionamiento de este poder del Estado, pero marcaron diferencias respecto de la oportunidad de impulsar el debate en medio de la pandemia de coronavirus.

Senadores de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales escucharon una nueva ronda de exposiciones en el marco del debate sobre el proyecto de reforma judicial enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso.

La ampliación de juzgados y el sistema de subrogancias fueron algunos de los puntos en los que se observaron mayores diferencias entre los especialistas, además de la oportunidad o no de la presentación del proyecto.

Uno de los mayores contrapuntos se registró entre el presidente de la comisión de Justicia, Oscar Parrilli, y el constitucionalista Daniel Sabsay cuando el abogado aseguró que con la propuesta "se ha querido asegurar la impunidad de aquellos que se encuentran sometidos a proceso por graves delitos contra el Estado".

Parrilli acusó a Sabsay de estar esgrimiendo "un alegato político lleno de vaguedades y frases hechas casi copiadas de los medios de comunicación" y le endilgó "poca seriedad y congruencia" en sus argumentos.

Sabsay pidió nuevamente la palabra para advertir que no iba a permitir ser "maltratado ni atropellado", un reclamo que fue respaldado por el jefe de los senadores de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, y añadió que de entrada fue "inconstitucional" el decreto presidencial de creación de un consejo consultivo con mayoría de miembros "afines al oficialismo".

Parrilli le retrucó que no lo había escuchado pronunciarse sobre los DNU de (Mauricio) Macri ni referirse a la independencia de Poder Judicial "cuando el gobierno anterior pidió más de 30 juicios políticos, algunos solo por el contenido de las sentencias".

El constitucionalista marcó "una falta de pertinencia en un momento de tan grave pandemia y una economía quebrada que acá se discuta una reforma judicial cuando en ningún país del mundo se discute esto".

La ex jueza y fundadora de la agrupación Justicia Legítima, María Laura Garrigós de Rébori, se pronunció por su parte a favor de la reforma en este momento de pandemia y advirtió que con ella "se puede mejorar la credibilidad" que perdió el Poder Judicial "si se mejoran los tiempos judiciales".

El titular del gremio de trabajadores judiciales, Julio Piumato, expresó a su turno su "desagrado" por no haber sido partícipe de la discusión previa al envío del proyecto, declaró que esperaba que el presidente Alberto Fernández los consultara "como había prometido" y calificó a la iniciativa como "inoportuna" en medio de la crisis por la pandemia.

El sindicalista expresó no obstante que "lo importante es que de una vez por todas se encare una reforma integral apuntando a la justicia; no la que quieren algunos dirigentes sino la que está necesitando el conjunto del pueblo argentino y que cumpla con eficacia su rol".

El presidente del Colegio de Magistrados, Carlos Rolero Santurain, cuestionó por su parte a quienes tildan de inconstitucional a parte de la normativa y sostuvo que "llama la atención que no se haya consultado lo dicho por la Corte Suprema, que en seis oportunidades señaló la viabilidad de la transferencia" de juzgados a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

José Luis Lasalle, presidente de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, se expresó a favor de la necesidad de una reforma integral y negó que la propuesta "sea inoportuna", pero pidió "no confundir "oportunidad con celeridad" y no impulsar "un trámite exprés" sino "un amplio debate con amplia participación".

Además, consideró que estos cambios "deben ir de la mano de una reforma del Consejo de la Magistratura".

Sebastián Pilo, director de Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), sostuvo que la reforma "es necesaria y urgente" y el éxito de una reforma constituiría "desarticular el modo oscuro que tienen de vincularse los poderes políticos, judicial y sistemas de inteligencias y los privilegios que detentan los miembros del Poder Judicial".

Ariel Ariza, de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), recalcó por su parte que "hace 25 años que se espera que se transfieran las competencias ordinarias a la ciudad" pero marcó "las asimetrías" en el reparto de recursos entre el interior del país y CABA.

El juez de la Cámara Contencioso Administrativo de CABA, Carlos Balbín, planteó "déficits" del proyecto al señalar que "no cumple con la finalidad de imparcialidad objetiva de los jueces" y cuestionó que se promueva "un régimen de subrogancias limitado solo a casos en los que se produjeran vacantes".

Mariela Labozzeta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), calificó a la reforma como "necesaria" al expresar que existe "una crisis profunda de legitimidad y de ineficiencia" y opinó que la creación de juzgados "viene un poco a contrapelo" del sistema acusatorio pendiente de implementar en la mayoría de los distritos.