Se trata de la investigación por presuntas tareas de espionaje en el Instituto Patria, causa en la que el juez Auge ya detuvo al ex director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz.

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Los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quedaron formalmente imputados en la causa por el espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y su indagatoria fue requerida por los fiscales del caso, informaron a Télam fuentes judiciales.

El requerimiento fue formulado en el marco del expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y domicilio particular de la entonces senadora y actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner con la excusa de detectar supuestos movimientos de dinero, según pudo saber esta agencia de fuentes con acceso al expediente.

El planteo para que se cite a indagatoria a los ex jefes de la AFI fue formulado por los fiscales María Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes además solicitaron que también sea convocado en calidad de acusado Martín Coste, el último director operacional de contrainteligencia de la central de espías durante el gobierno de Mauricio Macri.

Los fiscales, que tienen delegada la investigación, presentaron el requerimiento ante el juez Juan Pablo Augé, a cargo del juzgado federal 2 de Lomas de Zamora y que el último viernes recibió también la causa en la que se investiga espionaje ilegal cometido contra dirigentes políticos, sociales, sindicales y religiosos, que instruía su colega Federico Villena.

En la causa por el supuesto espionaje sobre el Instituto Patria se produjo la primera detención a un ex espía de la AFI. Fue el caso del arresto de Alan Ruiz, ex jefe de operaciones especiales, quien ya fue indagado hace más de 10 días por lo que se presume que en las próximas horas podría definirse su situación procesal.

En este expediente se investigan las actividades de “un grupo de agentes coordinados, quienes se dedicaron a obtener información, realizar observaciones, producir inteligencia y almacenar datos sobre distintas personas por el solo hecho de su pertenencia político partidaria, social, sindical y cultural, ello durante el año 2018, en el área de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia”, según consta en el expediente.

“Durante aproximadamente un mes previo a que fueran descubiertos el 7 de agosto de 2018 realizaron tareas de vigilancia frente a la sede del Instituto Patria y el domicilio de la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta de la Nación, sito en la intersección de las calles Juncal y Uruguay”, se indica en la causa que se inició por una denuncia de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Esa investigación reflotó un episodio en el que un grupo de militantes políticos descubrieron la extraña presencia de un auto frente a la sede del Patria.

“Luego, al ser descubiertos, intentaron darle apariencia de legalidad y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes de investigación recibidas en causas judiciales”, reza el expediente en el que se recuerda que los espías intentaron justificar su actividad bajo la hipótesis de que ambos lugares vigilados podían ser blancos de atentados terroristas.

Además, en la causa se estableció que la orden de realizar las tareas de espionaje fue dada por Ruiz a un grupo de agentes y que consistía en “observar si se llevaban o sacaban cosas, si había mudanzas, si se transportaban bolsos, mochilas, documentación o dinero”.

También debían “informar si en esos dos domicilios se recibían ese tipo de objetos”, por lo que los fiscales creen que “tales tareas nunca tuvieron como finalidad detectar posibles atentados o amenazas contra la damnificadas, ni fueron realizadas en el marco de tareas de prevención por los eventos denominados 620 y Juegos Olímpicos de la Juventud”.

Tanto las operaciones como la posterior supuesta falsificación de documentos que respaldarían las actuaciones fueron ordenadas y suscriptas por Ruiz “por la indicación o con la anuencia” de sus superiores, según consta en la imputación formal que se le leyó al ex agente de inteligencia el día de su indagatoria.

Durante su declaración en calidad de imputado, Ruiz admitió ante la Justicia que hizo tareas de inteligencia sobre el Instituto Patria y la actual vicepresidenta, pero sostuvo que fueron acciones que estaban "justificadas legalmente" y que se trató de “operativos de vigilancia externa en perímetros".

En paralelo al desarrollo de este expediente, el ex jefe de Contrainteligencia Martín Coste –ahora también imputado- declaró ante la comisión bicameral de seguimiento y fiscalización de los organismos de inteligencia, donde dijo que se había enterado por televisión del escándalo desatado cuando se descubrió en 2018 que había un auto de la AFI estacionado frente al Instituto Patria.

El ex espía sostuvo que ese episodio lo llevó a poner su renuncia a disposición de las ex autoridades de la AFI pero que finalmente permaneció en el organismo en el área de Jurídicos, bajo las órdenes de Juan Sebastián Destéfano.

“Lo que me solicitaron era que Alan Ruiz haga un informe sobre lo que había pasado en el Instituto Patria. Pero no me hizo ningún informe a mí y fue a Jurídicos y lo hizo en Jurídicos”, aseguró Coste ante legisladores del oficialismo y la oposición según pudo reconstruir esta agencia.

En la misma audiencia legislativa, Coste sostuvo que como jefe de Contrainteligencia no tenía un control total de las operaciones que se hacían en la AFI porque “el director general de Operaciones no era, básicamente, un director de una dirección; el director general de Operaciones era la subdirectora (Silvia Majdalani)”.