Por Pipo Rossi

El 15 de Noviembre de 1963, a tan solo unos días de haberse cumplido el primer mes de gobierno y tal cual lo había prometido en la campaña electoral, el Presidente Constitucional de la Nación Argentina, Doctor Don Arturo Umberto Illía, firmó el Decreto Nº 744/63 “por el cual se declaraban nulos todos los contratos relativos a la exploración y explotación de petróleo suscritos por Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF), durante el Gobierno del Doctor Arturo Frondizi, con empresas extranjeras”, al considerar que "fueron suscritos al margen de la ley" y “sin licitación internacional ni participación del Congreso Nacional”.

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Posteriormente, el 16 de Noviembre (por la tarde), el Primer Mandatario Argentino recibió, en la Quinta Presidencial de Olivos, la visita del Embajador norteamericano, Señor Robert Mc Clintock, quién entró al despacho presidencial "sin decir buenas tardes ni darle la mano" y, de acuerdo con el testimonio del Doctor Don Illia, "le anunció frontalmente que Estados Unidos suspendía toda ayuda económica a la Argentina". El Doctor Don Illia recordó: “Entonces, naturalmente de pie, le contesté: ‘Creo que es un error del gobierno de Estados Unidos tomar esta determinación, pero como esto que me está usted diciendo verbalmente tendrá que ratificar por nota, desde ya le anuncio cuál va a ser la contestación contenida en la nota del gobierno argentino (...): No tenemos más nada que conversar, hemos terminado la entrevista’”.

Este diálogo (reproducido oportunamente por el Señor Silverio Escudero) fue mantenido en secreto hasta 1982, ya que no sólo el Doctor Don Illia no lo comentó a sus Ministros y correligionarios, sino tampoco a su mujer. Si bien la amenaza del Embajador no llegó a materializarse, su postura estaba incluida en el menú de opciones contempladas en Washington en aquel momento. La enmienda del Senador Republicano Hickenlooper había advertido “que el gobierno norteamericano suspendería la asistencia financiera a los países que anulasen unilateralmente contratos con ciudadanos o empresas norteamericanas”.

Hay que tener en cuenta que “esta medida nacionalista y antiimperialista, tomada por el Gobierno del Doctor Don Arturo Illia, fue fundamental para la recuperación de la soberanía y el desarrollo energético del país, ya que, según la Investigación de la Cámara de Diputados de la Nación (constituida al año siguiente a la anulación de los contratos), entre 1959 y 1963, YPF tuvo un perjuicio financiero de 285 millones de dólares, más las pérdidas de sus utilidades (que ganaron las empresas contratistas y que hubieran ingresado al patrimonio de YPF) de 167 millones de dólares, más el pago de impuestos y regalías del que se hizo cargo YPF (más de dos mil millones) y la privación al fisco de casi dos mil quinientos millones de dólares por impuestos, al eximir de los mismos a las empresas extranjeras”.