Es en referencia a la decisión del Gobierno nacional de revocar la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo que había sido publicada este miércoles en el Boletín Oficial.

La Fundación Huésped emitió este jueves un comunicado que cuestiona la decisión del Gobierno nacional de revocar la actualización del protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) que había sido publicada ayer en el Boletín Oficial.

El comunicado señala que “la actualización 2019 del Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo publicado ayer en el Boletín Oficial por la Resolución 3158/2019 no modifica la legislación vigente; simplemente, ordena los mecanismos sanitarios para garantizar el ejercicio del derecho a la interrupción legal del embarazo en los casos previstos por el Código Penal desde 1921 y lo adecua al nuevo Código Civil y Comercial, de manera de llevar claridad a los equipos de salud”.

“Su eventual anulación por parte del Poder Ejecutivo Nacional no sólo pondría en evidencia el menosprecio por la salud de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes, sino que también expresaría un desconocimiento de las normas actuales, de la evidencia científica, de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y de los compromisos internacionales”, advierte la Fundación Huésped.

La nota destaca que “el protocolo publicado reafirma la negativa a judicializar los casos de abortos no punibles tal como lo estableció la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el Fallo F.A.L. en 2012 y garantiza la interrupción legal del embarazo por parte de los servicios de salud en menos de diez días”.

“Entonces, de lo que se trata, lo que está en juego, es el derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes en general, pero, sobre todo, de las niñas y adolescentes. Si bien una eventual anulación de la reforma no negaría los derechos adquiridos, esta contramarcha resultaría una provocación que no hace más que amedrentar a los efectores de salud y estimular los abortos clandestinos. Un manoseo de esta magnitud resulta inadmisible cuando lo que está en juego son muertes evitables. El derecho a la salud no acepta retrocesos”, concluye el comunicado.