Los acontecimientos suceden un contexto de militarización de grandes ciudades, algo que no se veía desde la dictadura de Augusto Pinochet.

Las violentas escenas de la represión desatada para sofocar la rebelión popular que mantiene en vilo a Chile desde hace una semana pusieron en alerta a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que acumulan denuncias sobre torturas, disparos contra civiles indefensos, detenciones ilegales, abusos y todo tipo de maltratos.

En un contexto de militarización de grandes ciudades, algo que no se veía desde la dictadura de Augusto Pinochet, fueron repetidas las imágenes de agentes de las fuerzas armadas y carabineros disparando contra manifestantes y dispersando movilizaciones con tanquetas y golpes de bastón.

Pero en las últimas horas se multiplicaron denuncias sobre supuestos actos ilegales que no fueron captados por cámaras de televisión o teléfonos celulares, al tiempo que en las redes sociales se sucedían las polémicas acerca de la veracidad de imágenes sobre brutalidad policíaca que se viralizaron.

El ministro chileno de Justicia, Hernán Larraín, ofreció una conferencia de prensa en la que se refirió a esta situación y advirtió que "todos los que tengan responsabilidades deberán sufrir las consecuencias si se constatan acciones delictivas".

“Nos duele profundamente constatar la existencia de personas que han fallecido o han recibido lesiones graves. Nuestro compromiso con la democracia es irrenunciable y es inseparable del respeto y protección de los derechos humanos y el funcionamiento del Estados de Derecho”, añadió.

La situación llevó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), un organismo autónomo pero financiado con fondos públicos, a presentar una queja por la falta de transparencia en la difusión de cifras oficiales sobre personas muertas, heridas o detenidas en el curso del estallido social.