La imagen puede contener: una persona, textoPor: Mg Pipo Rossi

En Septiembre de 1955 se produjo, en Argentina, el fatídico Golpe de Estado Cívico-Militar, que derrocó al General Don Juan Domingo Perón y colocó en la Presidencia de la Nación al General Eduardo Lonardi. Dos meses después, acusado de "blando", fue reemplazado por el General Pedro Eugenio Aramburu, "quien suprimió las libertades constitucionales e inició la persecución y proscripción del Peronismo”.

En ese contexto, el General Don Juan José Valle "planeó una rebelión cívico-militar, para devolver el Gobierno al General Don Perón, con el compromiso de llamar a elecciones". Pero infiltrados descubrieron la insurrección.

Paralelamente, el Dictador Don Aramburu "decidió no impedirlo, pero dejó redactados los Decretos de Ley Marcial y Pena de muerte, con carácter de retroactividad (al delito cometido)”, acompañado con las firmas del Vicepresidente, Almirante Isaac Rojas, y los Ministros de Ejército, General Arturo Ossorio Arana, de Marina, Almirante Teodoro Hartung, de Aeronáutica, Comodoro Julio César Krause, y de Justicia, Doctor Laureano Landaburu.

Finalmente, el 9 de Junio de 1956, "diversos alzamientos y copamientos de Guarniciones en la ciudad de Buenos Aires, La Plata y La Pampa, fueron rápidamente sofocados, produciéndose decenas de detenciones".

Al día siguiente, el 10 de Junio, “se impuso la Ley Marcial”. Pocas horas después, firmaron el Decreto 10.363, que ordenó “fusilar a quienes violen la misma”. Con inaudita celeridad, entre las 2 y las 4 de la madrugada, “se ejecutó a los detenidos en Lanús”.

Horas más tarde, la Policía bonaerense, a cargo del Teniente Coronel Desiderio Fernández Súarez, le ordenó al Jefe de la Regional San Martín, Comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, “que ejecute, con armas cortas, a 12 civiles detenidos en la zona”, lo que realizó en los basurales de José León Suárez. De ellos, cinco mueren y siete logran huir (y uno de estos, el Señor Juan Carlos Livraga, fue quien permitió al periodista Don Rodolfo Walsh reconstruir la historia, conocida como “Operación masacre”).

Paralelamente, en Campo de Mayo, el General de Brigada Juan Carlos Lorio presidió un tribunal que realizó un juicio sumarísimo concluyendo “que los sublevados no deben ser fusilados”. Pero, el Dictador Aramburu ratificó su decisión. Así, el General Lorio pidió que “la orden sea dada por escrito”.

Finalmente, el General Aramburu y su Gobierno firmaron el Decreto 10.364, “que detalló la lista de once militares que debían ser fusilados”.

En ese contexto, el 12 de Junio, el General Don Valle “decidió entregarse a cambio de que se detuviera la represión a su movimiento y se le respetara la vida”. Le toca al Capitán de Navío Francisco Manrique, enviado del Almirante Rojas, ir a buscarlo. Así, “a las 14 de ese día, el General Don Valle ingresó (con su amigo Gabrielli y el Capitán Manrique) al Regimiento I de Palermo donde fue interrogado y juzgado por un tribunal presidido, también, por el General Lorio”.

Más tarde, el General Don Valle “fue enviado a la Penitenciaría Nacional y, a las 22:20 horas de ese día, fue fusilado, frente a un pelotón, por un disparo de fusil Máuser 7,65 mm”.