Por Pipo Rossi

El 15 de Diciembre de 1983 el Presidente de la Nación Argentina, Doctor Don Raúl Ricardo Alfonsín, firmó el Decreto Nº 187/83 por el cual se resolvió la creación de la “Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP)”, la que debía investigar y organizar las pruebas que presentaría el Estado en el Juicio a las Juntas Militares que usurparon el gobierno entre 1976 y 1983.

La Comisión estuvo integrada por los Señores/as: “Don Ernesto Sábato, Don Ricardo Colombres, Don René Favaloro, Don Hilario Fernández Long, Don Carlos T. Gattinoni, Don Gregorio Klimovsky, Don Marshall Meyer, Don Jaime de Nevares, Don Eduardo Rabossi, Doña Magdalena Ruiz Guiñazú, Don Santiago Marcelino López, Don Hugo Diógenes Piucill, Don Horacio Hugo Huarte y Doña Graciela Fernández Meijide.

El voluminoso informe final, “que registró la existencia de 8.961 desaparecidos y 380 centros clandestinos de detención”, fue entregado por el Señor Don Ernesto Sábato al Presidente de la Nación, Doctor Don Alfonsín, el 20 de Septiembre de 1984 y posteriormente publicado, en forma de libro, bajo el nombre de “Nunca Más”.

El Decreto del 15 de Diciembre de 1983 expresó:

“Art. 1 - Constituir una Comisión Nacional que tendrá por objeto esclarecer los hechos relacionados con la desaparición de personas ocurridos en el país.

Art. 2 - Serán funciones específicas y taxativas de la Comisión las siguientes:

a) recibir denuncias y pruebas sobre aquellos hechos y remitirlas inmediatamente a la justicia si ellas están relacionadas con la presunta comisión de delitos;

b) averiguar el destino o paradero de las personas desaparecidas, como así también toda otra circunstancia relacionada con su localización;

c) determinar la ubicación de niños sustraídos a la tutela de sus padres o guardadores a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo, y dar intervención en su caso a los organismos y tribunales de protección de menores;

d) denunciar a la justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios relacionados con los hechos que se pretende esclarecer;

e) emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados, a los ciento ochenta (180) días a partir de su constitución.

La Comisión no podrá emitir juicio sobre hechos y circunstancias que constituyen materia exclusiva del Poder Judicial.”